La Junta de Andalucía convocará ayudas para impulsar la gestión forestal y reforzar la prevención de incendios. - JOAQUÍN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado este lunes durante la Comisión parlamentaria sobre la aprobación de las bases reguladoras que permitirán convocar ayudas destinadas a la gestión forestal sostenible y a la prevención de incendios forestales, "una línea de actuación que ha situado como estratégica para reforzar la protección del patrimonio natural andaluz y mejorar la resiliencia de los montes frente a los efectos del cambio climático".
Según ha informado la Junta en una nota, durante su intervención, la consejera ha explicado que estas bases reguladoras constituyen el paso previo necesario para poner en marcha una convocatoria de ayudas que contará con una dotación global de 44,3 millones de euros, enmarcada en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 y dirigida a titulares forestales privados.
De este modo, ha señalado que la previsión es que la primera convocatoria se publique durante el primer trimestre de 2026, lo que permitirá activar inversiones clave en un momento especialmente relevante para la planificación forestal en Andalucía. Así, García ha indicado que la distribución presupuestaria prevista permitirá atender de forma diferenciada dos ámbitos fundamentales.
Por un lado, se destinarán recursos a actuaciones orientadas a la prevención de incendios forestales (4,3 millones) y, por otro, a intervenciones de gestión forestal sostenible (40 millones), con el objetivo de "mejorar el estado de las masas forestales y reforzar su capacidad de adaptación a escenarios de mayor estrés climático".
En este contexto, la consejera ha destacado que las bases reguladoras se han diseñado con una visión "equilibrada" del territorio, contemplando distintas líneas en función de la superficie forestal de las fincas.
Así, ha afirmado que "este enfoque permitirá que las ayudas lleguen tanto a grandes explotaciones como a pequeñas propiedades forestales, reconociendo el papel que todas ellas desempeñan en la conservación de los montes y en el mantenimiento del medio rural andaluz".
Asimismo, ha subrayado que las bases incorporan criterios de "priorización" vinculados a los municipios en riesgo de despoblación, en coherencia con la Estrategia Frente al Desafío Demográfico 2025-2030.
Al respecto, ha incidido en que esta orientación refuerza la cohesión territorial y contribuye a fijar población en zonas rurales, al tiempo que impulsa una gestión activa del territorio basada en la prevención y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.
Asimimso, García ha manifestado que las actuaciones subvencionables previstas en estas bases "permitirán financiar inversiones forestales no productivas orientadas a reducir el riesgo de incendios, mediante el mantenimiento y conservación de infraestructuras preventivas incluidas en las zonas de peligro definidas en el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía".
Además, ha agregado que "este tipo de actuaciones resulta esencial para anticiparse a los incendios y minimizar sus posibles efectos sobre las personas, los bienes y los ecosistemas".
Junto a ello, la consejera ha reseñado que las ayudas también respaldarán actuaciones selvícolas de carácter ambiental destinadas a mejorar la biodiversidad, la vitalidad y la capacidad de regeneración de las masas forestales.
Un enfoque, según ha dicho, que "permite avanzar hacia una gestión forestal sostenible que previene incendios, a la vez que refuerza la función ecológica de los montes y su papel en la mitigación del cambio climático".
Durante su intervención, la titular de Sostenibilidad ha enmarcado estas bases reguladoras dentro de la estrategia forestal que viene desarrollando el Gobierno andaluz en los últimos años, con referencias como la adecuación del Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030 y la tramitación final de la Ley de Montes de Andalucía.
En este sentido, ha añadido que "ambas herramientas sitúan la adaptación al cambio climático y la prevención de incendios como ejes centrales de la política forestal autonómica, apostando por una gestión planificada y a largo plazo". Además, ha puesto el acento en "el esfuerzo de simplificación administrativa asociado a estas ayudas".
Sobre ello, García ha sostenido que las bases incorporan un aplicativo específico vinculado al visor forestal Indifo, que "facilitará el acceso a la información técnica necesaria y agilizará la tramitación de las solicitudes". Este sistema de concesión y justificación mediante módulos permitirá "reducir cargas administrativas y mejorar la eficiencia del procedimiento, en línea con la normativa autonómica de agilización administrativa".
En este sentido, la consejera ha remarcado que la elaboración de estas bases ha sido fruto del diálogo con los agentes económicos y sociales en el marco del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía.
MEDIDAS DE GESTIÓN DEL JABALÍ
Por otro lado, la consejera, entre otras cuestiones, ha informado sobre la gestión de las poblaciones de jabalí en Andalucía y sobre la ampliación del plazo para la celebración de determinadas batidas de control.
Así, García ha enmarcado esta actuación dentro del compromiso de la Junta con una gestión responsable de la fauna silvestre, basada en criterios técnicos y en las recomendaciones de organismos internacionales, ante el crecimiento demográfico de los suidos silvestres y los riesgos asociados a este fenómeno.
No obstante, la consejera ha expuesto que el incremento de las poblaciones de jabalí constituye "uno de los principales retos actuales en materia de conservación, seguridad y sanidad animal", y ha hecho hincapié que la actuación del Gobierno andaluz se apoya en la evidencia científica y en los criterios de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. "La gestión cinegética se orienta a proteger la salud pública, el sector ganadero, la seguridad vial y el equilibrio ecológico", ha apostillado.
"Andalucía mantiene desde 2014 un régimen de emergencia cinegética que ha sido reforzado y actualizado en los últimos años", ha señalado.
Al hilo de esto último, ha mencionado la aprobación de la Resolución de 4 de junio de 2025 de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, que permitió "mejorar la coordinación operativa, anticipar actuaciones y ampliar la capacidad de intervención en zonas con alta presión biológica".
Asimismo, ha apuntado que la Resolución de 5 de diciembre de 2025 consolidó y amplió la declaración del área de emergencia cinegética temporal para daños y riesgos sanitarios, en un contexto marcado por la amenaza de la peste porcina africana. "Esta norma reforzó las herramientas de control disponibles y permitió intensificar las actuaciones allí donde resultaba necesario, siempre desde una perspectiva de interés general", ha anotado.
En relación con la petición formulada para ampliar el plazo de determinadas batidas, la consejera ha indicado que la Consejería ha acordado, en el seno del Comité de Caza, permitir que aquellas que no hayan podido celebrarse por causas meteorológicas durante los meses de enero y febrero puedan llevarse a cabo hasta el próximo 28 de febrero de 2026, con carácter improrrogable.
Por último, las batidas de control constituyen "un instrumento técnico necesario para prevenir daños agrícolas, reducir riesgos en carretera y proteger la sanidad animal y de las personas, siempre respaldadas por datos y por las recomendaciones de los organismos europeos competentes", ha concluido.