La ley de Gestión Ambiental supera el debate de totalidad tras rechazarse enmienda de PSOE-A

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), una norma que "renueva en profundidad el marco jurídico de la comunidad en materia de protección, prevención y control ambiental", y que simplifica procedimientos, ha superado este martes el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento, tras ser rechazada, con los votos de PP-A y Vox, la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE-A.

La enmienda ha contado con el apoyo de Grupo Mixto-Adelante Andalucía y con la abstención de Por Andalucía.

Una vez superado el debate de totalidad, el proyecto de ley proseguirá su tramitación en comisión parlamentaria.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha explicado durante la exposición del proyecto de ley ante el Pleno que surge "como respuesta a la necesidad de adaptar la legislación andaluza a los cambios producidos en las dos últimas décadas en el ámbito europeo y estatal y de superar el marco de la actual Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA)".

La nueva ley dota a la Junta "de instrumentos más ágiles y eficaces para afrontar los retos ambientales y climáticos del siglo XXI", y su elaboración ha sido "fruto de un proceso de trabajo compartido con los principales agentes sociales y económicos de Andalucía", formando parte del Pacto de Diálogo Social firmado en 2023 con UGT, CCOO y CEA, que contemplaba "expresamente la necesidad de renovar la normativa ambiental para avanzar hacia una gestión más moderna, coordinada y participativa", según la consejera.

Desde su fase inicial, la Junta ha desarrollado un proceso de participación en todas las provincias abierto a sindicatos, organizaciones empresariales, entidades locales, colegios profesionales y colectivos ambientales. Esta dimensión participativa se refuerza además con la creación de nuevos órganos de consulta y canales permanentes de diálogo en materia de medio ambiente.

La Ley de Gestión Ambiental persigue además "reforzar la seguridad jurídica y agilizar los pronunciamientos ambientales, reduciendo trámites y duplicidades administrativas con un fin último" de "alcanzar un alto nivel de protección de las personas y del medio ambiente, garantizando un desarrollo sostenible y la calidad de vida de la ciudadanía".

Además, también persigue "prevenir los impactos ambientales de las actividades y proyectos que se desarrollen en el territorio andaluz, establecer mecanismos de compensación o corrección de sus efectos adversos y promover la participación de la sociedad en la toma de decisiones". Asimismo, "consolida los principios de ecoeficiencia y uso racional de los recursos naturales, favoreciendo la transición hacia un modelo de economía verde y circular", según la Junta.

El texto se estructura en 197 artículos distribuidos en nueve títulos, junto con disposiciones adicionales, transitorias y finales. Su contenido abarca desde la gobernanza ambiental hasta la prevención, el control, la responsabilidad medioambiental o el régimen sancionador. Entre las principales novedades destaca la creación de la Estrategia Marco de Medio Ambiente, que actuará como "instrumento de planificación estratégica de referencia para Andalucía".

También se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que sustituirá al actual Consejo Andaluz del Medio Ambiente y que contará con la representación de los agentes sociales y económicos más relevantes, así como de las entidades locales.

La ley "promueve igualmente la coordinación interadministrativa, reforzando la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para evitar retrasos y conflictos competenciales".

El órgano ambiental autonómico convocará reuniones periódicas con las administraciones implicadas en la emisión de informes o consultas, para "agilizar la tramitación y mejorar la calidad técnica de los expedientes".

La norma crea además un Registro de Participación Ciudadana en materia ambiental, en el que podrán inscribirse personas físicas o jurídicas interesadas en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental. Este registro permitirá "reforzar la transparencia, facilitar el acceso a la información y garantizar la participación en los procesos de toma de decisiones", según la Junta.

El texto también "fomenta la corresponsabilidad ambiental entre administraciones, empresas y ciudadanía mediante el impulso de convenios, instrumentos voluntarios de mejora ambiental y mecanismos de colaboración público-privada".

En este marco se actualizan los instrumentos fiscales e incentivos económicos, incluyendo las subvenciones ambientales, para "promover la innovación, la sostenibilidad y el empleo verde de calidad". Asimismo, se amplían las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, que podrán realizar tareas de verificación documental, apoyo en inspecciones y control de subvenciones, "siempre bajo supervisión de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente".

También se regula la posibilidad de que los colegios profesionales puedan participar en tareas técnicas de verificación ambiental mediante encomiendas o convenios.

Por otro lado, plantea la creación de la Licencia Ambiental, que sustituye a la antigua Calificación Ambiental que otorgan los ayuntamientos. Así, lo que en la anterior regulación se tramitaba como Calificación Ambiental (CA) pasa, en muchos casos, a resolverse mediante Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), lo que implica que la Junta asume la resolución de 49 categorías de actuaciones que antes correspondían a los municipios.

Asimismo, otras 33 categorías se simplifican pasando a ser objeto de Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (DR-EA), un procedimiento mucho más ágil para las corporaciones locales.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

En cuanto a la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE-A, señalaba que el proyecto de ley presenta un "enfoque profundamente equivocado respecto al concepto de desarrollo sostenible, especialmente en una región como Andalucía, que ostenta el mayor número de parques naturales y espacios protegidos de Europa". "La norma propuesta se limita a reducir, de forma drástica e indiscriminada, los mecanismos de evaluación, prevención y control ambiental, tratándolos exclusivamente como obstáculos burocráticos que deben ser eliminados o minimizados, sin ofrecer justificación alguna sobre su efectividad o necesidad", según la enmienda.

Asimismo, señalaba que una de las principales "deficiencias del proyecto de ley es la memoria económica, que se presenta de manera deliberadamente breve e imprecisa, sin incluir detalles suficientes sobre los costes asociados a la implementación de las medidas propuestas". "Esta falta de previsión financiera compromete gravemente la viabilidad de la norma, ya que no se ofrece una estimación de los recursos necesarios ni se asignan partidas plurianuales para su ejecución", según el PSOE-A.