CÁDIZ 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El cabeza de lista del PP de Cádiz al Parlamento de Andalucía, Antonio Sanz, trasladó hoy al colectivo de cazadores andaluces que, si su partido gana las elecciones del 9 de marzo, aprobará una Ley de Caza andaluza consensuada con el sector, que sustituirá a la actual Ley de Flora y Fauna Silvestre, de manera que se legislará la caza de modo específico en Andalucía tal y como hacen actualmente una decena de comunidades autónomas en España.
En un comunicado, el PP explicó que Sanz, en un acto celebrado en el Hotel Monasterio de El Puerto de Santa María (Cádiz), en el que estuvo acompañado por el alcalde de la localidad, Enrique Moresco, la parlamentaria Carolina González Vigo, y el candidato número tres del PP de Cádiz al Congreso de los Diputados, Aurelio Sánchez, entre otros, se comprometió a levantar las restricciones de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, también conocida como Ley del Plomo, y recordó que el PP presentó el pasado 14 de diciembre una proposición de ley para regular la actividad cinegética.
Sanz recordó que el PP ya presentó una Ley de Caza que rechazó el PSOE y el PA en el Parlamento de Andalucía y criticó la Ley de Flora y Fauna Silvestre por su "arbitrariedad y sus efectos negativos para cientos de cazadores con pocos recursos".
En este sentido, el 'número dos' de los populares andaluces indicó que la legislación actual "ha encarecido la práctica de la actividad al hacer desaparecer los terrenos libres para la caza, suple la función de control desempeñada por las fuerzas y cuerpos de seguridad, no concreta la labor de los guardias de coto y deja sin definir las comarcas cinegéticas ni concreta las ayudas de calidad cinegética".
El dirigente popular aseguró además que, si la situación "es precaria", la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados con el voto en contra del PP, "elimina en un 40 por ciento de las zonas donde se puede cazar y permite que los terrenos sean declarados, sin condiciones, zona de uso de interés social, dándose así la puntilla a un sector que en Andalucía genera 20.000 empleos y 1.560 millones de euros al año".