Acreedores de Jale reclaman el pago de sus deudas y que se investiguen posibles "irregularidades" en el concurso

CÁDIZ 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Acreedores del Grupo Jale ha dirigido una decena de cartas a instancias judiciales y autoridades del Estado, entre ellos al Rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamando que se investiguen las presuntas "irregularidades" cometidas en el seno del concurso de acreedores y que se les reembolsen todas sus deudas.

Las cartas, a las que ha tenido acceso Europa Press, se dirigen también al ministro de Justicia, Rafael Catalá; a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril; al fiscal superior de Andalucía, Jesús María García Calderón; al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río; y a los secretarios generales del PP y el PSOE, María Dolores de Cospedal y Pedro Sánchez, respectivamente.

En sus cartas a la Casa Real y a Rajoy, la Asociación de Acreedores del Grupo Jale (ADA-Jale) se adhiere a las menciones contra la corrupción realizadas en sus últimos discursos, solicitando que propicien la investigación de lo ocurrido en los concursos del Grupo Jale, demostrando así que "la lucha contra la corrupción es un objetivo irrenunciable" y contribuyendo a "recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".

Recuerdan que el Grupo Jale presentó concurso voluntario de acreedores "hace casi siete años". Señalan que los informes de los administradores concursales, refrendados por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, apreciaban "un activo de 700 millones de euros", con el que consideran que se podría haber presentado una propuesta anticipada de convenio para pagar "los 340 millones de todas las deudas de los acreedores y, además, habrían quedado 360 millones de euros para la continuidad empresarial del Grupo".

En este punto, resaltan que la Ley Concursal se creó precisamente para ese fin: satisfacer a los acreedores y conservar la actividad de la empresa concursada, como establece en su exposición de motivos.

Sin embargo, "nada de eso ha ocurrido, y los casi 1.400 acreedores ordinarios y subordinados no hemos recibido ni un euro, y no sabemos a dónde han ido a parar esos activos refrendados por el juzgado de lo Mercantil en un valor de más de 700 millones".

En las cartas exponen, como resumen en una nota, que "no han cumplido la Ley Concursal los tres primeros administradores concursales", que "se apropiaron indebidamente, con sociedades mercantiles de su propiedad, de casi cinco millones de euros", recordando que "fueron cesados por el Juzgado" y que hay "abiertas varias diligencias previas contra ellos en la Audiencia Nacional".

CORTAR "DE RAÍZ" LA CORRUPCIÓN

Aseguran que tampoco han cumplido los nuevos administradores concursales nombrados a finales de 2011, señalando que "en lugar de llevar a buen fin la propuesta de convenio de acreedores presentada por la empresa, permitieron que después de tres meses de esperanza en su firma, aquella propuesta fuese retirada incomprensiblemente del juzgado y se hayan liquidado los 700 millones de euros en activos sin recibir los acreedores ni un solo euro y ni una sola explicación".

Finalmente, inciden en que el motivo de sus cartas es que se "investigue a fondo la cuestión" y, en caso de detectarse, "se corte de raíz la corrupción que ha dejado a varios miles de trabajadores sin empleo y a los acreedores en la miseria", haciendo pagar a los responsables.

ADA-Jale se creó con el fin de defender los intereses legítimos de las personas naturales y jurídicas que sean acreedoras de las entidades del Grupo Jale, actualmente en concurso de acreedores, así como el cobro de los créditos reconocidos en la lista de acreedores presentada por los respectivos administradores concursales y depositadas en las oficinas judiciales.