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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La acusación popular que ejerce el exalcalde jerezano Pedro Pacheco contra la también exalcaldesa Pilar Sánchez (PSOE) en el conocido como 'caso asesores II' ha modificado la petición de penas, que pasan de los 23 años y ocho meses iniciales a cinco años de prisión por malversación de caudales públicos y diez de inhabilitación por prevaricación. Asimismo, retira el delito de falsedad documental para todos los imputados.
El juicio, que arrancaba el pasado lunes, ha iniciado este jueves su última sesión en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz con la declaración de varios testigos que quedaban por declarar y, posteriormente, la acusación popular ha presentado una modificación de su petición de penas. Las defensas, por su parte, han solicitado que Pacheco se haga cargo de los costes del procedimiento por su "mala fe".
Así las cosas, la acusación solicita diez años de inhabilitación para la exregidora socialista por un delito de prevaricación y cinco años de cárcel por malversación. Para los cinco supuestos enchufados imputados en la causa pide cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público y dos años y seis meses de cárcel como cooperadores necesarios de los delitos antes indicados.
Para el técnico del Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil) que habría participado en la preselección de tres de ellos, pide cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.
Tras un receso, las partes presentarán sus conclusiones finales ante el tribunal, tras lo que el juicio quedará visto para sentencia.
Cabe recordar que la acusación popular solicitaba en un principio 23 años y ocho meses de prisión al entender que Pilar Sánchez se aprovechó de "su calidad de alcaldesa" para contratar a asesores y personal de confianza "mediante decretos de Alcaldía" y "sin tener en cuenta" los requisitos "obligados" de publicidad, convocatoria pública, ni recurso o posibilidad de integrar a personal procedente de las bolsa de trabajo en el periodo comprendido entre 2005 y 2011.
Para el resto de procesados, la acusación reclamaba en algunos casos penas de cuatro años de prisión y en otros inhabilitaciones para el desempeño de cargos públicos.
