CÁDIZ, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 2 de Rota (Cádiz) retoma este jueves el conocido como 'caso Uniformes' con la declaración de dos testigos y tres nuevos imputados, entre ellos el alcalde de la localidad vecina de Chipiona, Antonio Peña (PP), que fue concejal del Ayuntamiento roteño y miembro del gobierno de PP y Roteños Unidos (RRUU) en el momento de los hechos que se investigan.
Según la información recopilada por Europa Press, a través de un auto dictado a finales de mayo, la titular del juzgado ampliaba en cuatro las imputaciones; concretamente a Peña, al secretario general del Ayuntamiento de Rota y una persona que, según la Fiscalía y la acusación popular, habría sido utilizada como "testaferro" por parte del exalcalde de RRUU y actual primer teniente de alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez, principal imputado en la causa.
La cuarta persona imputada en ese auto era una exedil del PP de Rota fallecida hace varios años, hecho este que ha sido criticado por los 'populares' y que atribuyen a la "obsesión" del PSOE por acabar con PP y RRUU.
Cabe recordar que fue el PSOE quien presentó la querella inicial ante el juzgado por un presunto delito de prevaricación administrativa y cooperación necesaria en un delito de gestión interesada por la compra por parte del Ayuntamiento de uniformes a una empresa de Lorenzo Sánchez.
Dicha denuncia socialista derivó en la apertura de diligencias por parte del juzgado. Más de un año después de las primera declaraciones de imputados y testigos, el juzgado retomó el caso imputando a 17 personas entre políticos y técnicos municipales, entre los que figura la actual alcaldesa de Rota, Eva Corrales (PP) --edil del gobierno de Sánchez en el momento de los hechos que se investigan--. También han prestado declaración 16 testigos, la mayoría funcionarios del Ayuntamiento roteño.
En cuanto a las recientes imputaciones, el PSOE detallaba que la juez ve "indicios de criminalidad" en la persona de Antonio Peña, al que imputa un delito de prevaricación y la cooperación necesaria en un delito de gestión interesada, al, supuestamente, "permitir que Lorenzo Sánchez se lucrara ilegalmente mediante la adjudicación de contratos por parte del Ayuntamiento de Rota a sus empresas, existiendo una clara prohibición de contratar que en ningún caso se respetó".
Tras conocerse la noticia, el alcalde chipionero defendió que la actuación que desempeñó cuando era edil en el Consistorio roteño fue "correcta", puesto que "no tenía informe en contra de la Secretaría General".
