MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La empresa Odyssey Marine Exploration, con base en Tampa (Florida) y propietaria del barco Odyssey Explorer, anuncia en su último comunicado el envío el pasado mes de marzo de su nuevo proyecto arqueológico sobre el 'HMS Sussex' y que espera recibir la aprobación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Junta de Andalucía.
"En marzo de 2006, Odyssey entregó un plan arqueológico que incluyó todos los asuntos requeridos por la región autónoma de Andalucía y el Gobierno central español en relación con el proyecto en marcha del HMS Sussex", indica.
En este sentido, señala que la compañía está esperando "los comentarios finales y la aprobación" del plan antes de continuar las operaciones sobre el pecio en la bahía de Cádiz.
La empresa estadounidense subraya que el "propietario legal" del barco es el Gobierno británico, que le autorizó a realizar la "excavación arqueológica" del galeón hundido en 1694 con un importante cargamento de oro.
Odyssey ya manifestó a principios de marzo que Londres le había dado el visto bueno para completar la segunda fase de identificación del 'HMS Sussex'.
"El Gobierno británico notificó a Odyssey que el trabajo detallado en el informe cumple o excede todos los requerimientos de la fase 1A del plan del Sussex y Odyssey ha sido autorizado a completar la fase 1B del proyecto", señaló entonces.
En febrero de este año mantuvo encuentros con responsables del Ejecutivo español, de la Junta de Andalucía y del Gobierno británico, en los que reafirmó su compromiso de entregar un nuevo plan arqueológico que cumpla con las demandas españolas. Greg Stemm, cofundador de Odyssey Marine Exploration, afirmó tras una serie de entrevistas en Londres y Madrid que entendía "las sensibilidades geográficas y políticas en torno al proyecto" e hizo hincapié en que harían "grandes esfuerzos para mostrar su disposición a trabajar de forma constructiva con todos los gobiernos implicados".
Además, dejó claro que su compañía y la Royal Navy británica han recibido garantías del Gobierno español y la Junta andaluza de que estas últimas examinarán "de forma expeditiva" el nuevo proyecto que le entregasen.
Mientras tanto, el barco Odyssey Explorer ha permanecido en algún punto del Mediterráneo lejos de las aguas gaditanas en las que presuntamente se encuentra el 'Sussex'. La compañía estadounidense explicó en marzo que desde el 26 de enero, fecha de su salida del puerto de Gibraltar, el Odyssey Explorer ha estado investigando otros hundimientos --denominados 'Bristol' y 'Atlas'-- y que ha localizado "un cargamento de oro" en el primero, del que no da más detalles y que no forma parte del contrato que firmó con el Ministerio de Defensa británico.
ABANDONÓ LA ZONA A FINALES DE ENERO
La compañía aceptó el 27 de enero el traslado de su barco a otro punto del Mediterráneo occidental a la espera de que Reino Unido y Estados Unidos orientasen a la compañía sobre cómo responder a la última nota verbal del Ministerio español de Asuntos Exteriores, en la que se pidió el cese inmediato de actividades.
En aquella ocasión, indicó que había completado la primera fase de su proyecto, que incluía "la recogida de muestras arqueológicas para identificar el lugar donde se cree que se encuentra el HMS Sussex" y amenazó que estudiaba acciones legales contra los barcos que han tratado de interferir en sus operaciones, así como contra aquellos medios de comunicación que difundieron "información falsa y engañosa" en aquellos días sobre este proyecto.
Un día antes, el Departamento de Miguel Ángel Moratinos había remitido una nota verbal a la Embajada estadounidense en la que pidió la suspensión inmediata de las actividades del buque Odyssey ya que la empresa estaba incumpliendo las condiciones establecidas por el Gobierno español en julio de 2005 y que autorizaba la exploración marítima.
La nota de julio del pasado año estipulaba que la campaña de investigación marina debería realizarse conforme a la ley, y debía referirse "exclusivamente" a la identificación del pecio, precisó Exteriores. Además, durante la misma, estaría presente a bordo el buque explorador, "en todo momento y como observador", un experto designado por la Junta de Andalucía y que tendría acceso "pleno" a todas las pruebas obtenidas.
En opinión del Ejecutivo español, "aunque la Junta de Andalucía no designó a dicho experto", el proyecto presentado por la empresa no se ajustaba a la normativa aplicable, "en concreto a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y al Reglamento de Actividades Arqueológica había procedido "en las últimas semanas a realizar trabajos de investigación marina en aguas españolas incumpliendo las referidas condiciones".
Por este motivo, proseguía, "la Comandancia de la Guardia Civil ha presentado una denuncia contra la empresa, por desobediencia grave, ante la autoridad judicial competente". Para desbloquear la situación, el departamento de Moratinos propuso a la empresa, por último, que presentase "un nuevo proyecto que respete las disposiciones de la referida normativa autonómica andaluza" y en el que la misión se limitase "a identificar el pecio del navío, no a su rescate".
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