CÁDIZ, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado andaluz del Partido Popular Rafael Ruiz Canto ha anunciado que el PP va a remitir "antes de final de mes" a la juez sevillana Mercedes Alaya "toda la documentación que posee referente a la trama sanluqueña de la formación, relativa a los convenios firmados entre el entramado de empresas del exconsejero socialista Ángel Ojeda y el Ayuntamiento de Sanlúcar, durante la etapa como alcaldesa de Irene García", actual secretaria provincial del PSOE.
Según indica el PP en una nota, Ruiz Canto ha aludido a tres convenios concretamente y, entre otras cuestiones, ha recordado que García quitó las competencias a Urbanismo "exclusivamente para la concesión del uso privativo" de la Residencia Jesús Maestro a favor de Ojeda.
Además ha recordado también las "coincidencias" de fechas entre la firma de los acuerdos y la concesión de subvenciones. Al respecto, señala que "el 16 de diciembre de 2010 se registró una solicitud de Forpe" pidiendo la concesión de uso privativo del bien inmueble de dominio público local ubicado en la parcela en la que se sitúa la Residencia Escolar Jesús Maestro, justamente "13 días antes de la firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Sanlúcar y Forpe".
El diputado autonómico ha incidido en que dicho acuerdo que se firmó el 29 de diciembre de 2010 entre García y Ojeda, en el que se recoge literalmente que "el Ayuntamiento de Sanlúcar, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha incoado el 27 de diciembre de 2010 el expediente administrativo relativo a la concesión del uso privativo" de dicho edificio.
Ruiz Canto ha reiterado que resulta "llamativo que en sólo dos días fueron capaces de preparar, gestionar y prácticamente resolver todo un expediente administrativo de cesión de una parcela de más de 5.500 metros cuadrados de uso público para hacerlo privativo, por un plazo no menor a 50 años".
Una cesión cuya competencia, según recalca, correspondía a la gerente de Urbanismo, pero que "casi un año después le fueron quitadas por parte de la propia Irene García".
En este sentido, recuerda la resolución del 24 de noviembre de 2011, firmada por Irene García en calidad de presidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la que resuelve "avocar" la competencia a la gerente de ese organismo en referencia "exclusivamente para el asunto relativo a la concesión del uso privativo y normal de 5.572,97 metros cuadrados de la parcela de Servicio Público ubicada en el entorno 'Quinta de la Paz', para explotación de un centro de Formación Profesional para el Empleo, a adjudicar de forma directa a la Fundación Forpe".
El diputado autonómico recuerda, además, el 29 de diciembre como una "fecha exitosa" para el señor Ojeda, ya que ese día, no sólo firmó el acuerdo con el Ayuntamiento de Sanlúcar, sino que, además, "ese mismo día se aprobó una resolución de la Delegación Provincial de Empleo de Cádiz por lo que el entramado asociativo de Ojeda percibió subvenciones millonarias para Formación".
A su juicio, el acuerdo con el Ayuntamiento de Sanlúcar "fue una herramienta necesaria para el señor Ojeda para que la Junta de Andalucía, la Delegación Provincial de Empleo, le concediera las subvenciones en 2010 y 2011 que superan los 4,5 millones de euros".
Por ello, Ruiz Canto sostiene que "ha habido complicidad" en el supuesto fraude de Ojeda, existiendo, pese a que sus asociaciones no tenían ánimo de lucro, un "lucro permanente, abusivo y arbitrario permitido por el Gobierno socialista de la Junta y tapado por el PSOE de Cádiz que, a través de Irene García, ha sido parte necesaria y colaboradora de este expediente y, por tanto, hay una complicidad que hay que aclarar".
