CÁDIZ, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha culminado una investigación sobre delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental en la que han resultado imputadas cuatro personas por la supuesta construcción ilegal de dos chalés unifamiliares en Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Según explicó la Junta en un comunicado, los imputados son el arquitecto superior J.P.S, imputado por los funcionarios en otras 12 ocasiones anteriores y ésta vez como presunto autor de un delito de falsedad documental; el constructor M.R.B., como presunto autor de un delito contra la ordenación del territorio e imputado en tres ocasiones anteriores por hechos similares; y otras dos personas, identificadas como N.A.R.L. y D.A.R., como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental, respectivamente.
La investigación fue ordenada por el juzgado mixto número uno de Chiclana a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Las pesquisas se realizaron sobre una finca de 2.000 metros cuadrados en el Pago Caulina, Camino de las Flores, en la que se observó una división en tres partes separadas con muro de obra, en dos de las cuales fueron construidos chalés unifamiliares gemelos.
Las viviendas estaban totalmente terminadas, una de ellas con piscina y ambas con evidencia de habitabilidad, a pesar de que se trata de "suelo no urbanizable no especializado", es decir, suelo rústico en el que se precisa licencia municipal de obras.
Además, la Policía Autonómica comprobó que ninguna de las viviendas obtuvo esta licencia y que el Ayuntamiento tiene incoado un expediente sancionador en ambos casos.
LA INVESTIGACIÓN
Como en hechos similares investigados por la Policía, se utilizaron como prueba las ortofotografías de los años 2000, 2001, 2005 y 2008 correspondientes a la finca investigada, cuyas imágenes fueron incluidas en el atestado policial puesto que en ellas se evidencia la evolución cronológica de las construcciones.
De este modo, se comprobó que para el acto de división el arquitecto superior J.P.S. presentó documento donde certificaba que en la finca en cuestión existía una construcción con cinco años estimados de antigüedad, de 330 metros cuadrados, perfectamente distribuida en varias dependencias y servicios, de una sola planta sobre rasante.
Dicho documento fue desmentido por los investigadores al averiguar que con tal antigüedad solamente existía una casa de 130 metros cuadrados, a la que le habían sumado dos nuevas construcciones de 100 metros aproximados cada una. Este certificado de antigüedad fue unido a un acta notarial que sirvió de base para declarar la ampliación de Obra Nueva y División Horizontal en el Registro de la Propiedad de Chiclana.
Así fueron conseguidas las "licitaciones" de las viviendas por la vía de prescripción de las infracciones urbanísticas graves y los delitos urbanísticos, si bien utilizando argumentaciones fuera de realidad y virtualmente delictivas.
