CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Profesionales de Centros Concertados de Andalucía y representantes de los comités de empresa de Pascual anunciaron hoy que iniciarán una campaña para la "igualdad" con el objetivo de conseguir la equiparación entre los trabajadores sanitarios pertenecientes a centros concertados con los de los centros públicos.
En rueda de prensa, señalaron que el objetivo es alcanzar completamente dicha equiparación para el año 2012, tanto a nivel salarial como de jornada laboral o tener libertad para colegiarse.
En este sentido, señalaron que, después de que los profesores de educación de centros concertados hayan conseguido que se les equipare con los públicos, su intención es que pase los mismo con ellos, ya que además "a la Junta le costaría menos porque se trata de 6.000 trabajadores sanitarios y los profesores eran 16.000".
El objetivo es "conseguir la plena igualdad" con los trabajadores sanitarios de los centros públicos, ya que alegaron que tratan "con los mismos pacientes".
Asimismo, señalaron que cuentan con diferencias como el salario o la jornada laboral, ya que para los trabajadores de centros públicos las jornadas son de 35 horas semanales y para los de concertados están entre las 38 y las 40 horas semanales.
Otra de las peticiones que realizarán es la de tener la posibilidad de ser libres para colegiarse, ya que, según explicaron, a los trabajadores sanitarios de los centros concertados se les obliga a estar colegiados y a los de centros públicos no, lo cual calificaron como "anticonstitucional".
CONLICTO POR EL UNIFORME EN LA EMPRESA PASCUAL.
Por otra parte, los representantes de los comités de empresa de Pascual anunciaron que habrá un "conflicto colectivo" por la cuestión de los uniformes, ya que exigen que los nuevos que ponga la empresa "deben" hacerlos con "tejidos de protección antibacteriana".
Los representantes del comité explicaron que tras la medida adoptada por la empresa Pascual para que los trabajadores no puedan salir de los centros de trabajo con los uniformes puestos, interpusieron una denuncia ante la Inspección de Trabajo al entender que la empresa entraba en contradicción entre dos decretos.
Los trabajadores solicitaban a la Inspección de Trabajo que evitara la puesta en práctica de dicha medida hasta que no se pronunciara sobre ello. En este sentido, indicaron que la Inspección de Trabajo contestó que la cuestión no es de su competencia, por lo que los comités de empresas se han dirigido ala Subdelegación del Gobierno en Cádiz para que les indique qué organismo es el competente para pronunciarse.
Asimismo, señalaron que los tejidos de los nuevos uniformes que se pondrán para los trabajadores deben estar hechos con un tejido de protección antibacteriana y señalaron la posibilidad de llegar a un "conflicto colectivo" con la empresa por esta cuestión.