El Pleno de Diputación requiere a la Junta que comunique la fecha para su marcha de la Audiencia Provincial

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado, por vía de urgencia, la propuesta para reclamar a la Junta de Andalucía que cumpla con el traslado a otra sede de los servicios judiciales que se prestan en el edificio de la Audiencia Provincial y le da un plazo máximo de 20 días. La Institución Provincial ha añadido en su resolución que, en caso de no ser atendido este requerimiento, "se ejercitarán las acciones judiciales que sean necesarias para obtener el restablecimiento del equilibrio contractual o, en su caso, la resolución del contrato".

Según una nota de la Diputación, el planteamiento, promovido por el gobierno provincial que preside Juan Carlos Ruiz Boix, ha sido validado por mayoría, con los votos a favor del PSOE y La Línea 100 x 100, las abstenciones de Adelante Cádiz, Ciudadanos, Andalucía por Sí e Izquierda Unida, y el voto en contra del PP.

En relación al inmueble de la Audiencia, lo que la Diputación ha aprobado es un requerimiento por el que establece "un plazo máximo de 20 días" para que la Junta comunique la fecha en la que tiene previsto trasladar la sede de los órganos judiciales que actualmente ocupan, "fijando en dicha fecha la finalización del contrato de arrendamiento, y reconozca la obligación de abonar por el uso de la finca una renta anual, comprometiéndose al pago de las rentas no prescritas".

En su parte expositiva la propuesta se refiere el inicio de una relación contractual que se origina en octubre de 2008 con la firma del acuerdo de permuta por el que se intercambian dos bienes: el solar de la calle Brunete, entonces propiedad de Diputación, donde se emplazaba la sede del Instituto Nacional de Empleo, y el edificio de la Audiencia, de titularidad autonómica.

Según la Diputación, esta operación se resolvía "para que la Junta dispusiera de los terrenos necesarios para construir la Ciudad de la Justicia de Cádiz". Al valorar ambas propiedades, se dedujo "un saldo a favor de la Junta de 1.124.284,96 euros", una diferencia que se tradujo en una renta, en virtud de un contrato de arrendamiento por cuatro años, "que no fue satisfecha para compensar dicha diferencia de valor".

El 22 de octubre de 2012 concluyó el plazo inicialmente establecido sin que la administración autonómica hubiera materializado la Ciudad de la Justicia por lo que se activó una ampliación de plazo, prevista en la cláusula cuarta del contrato alcanzado entre Diputación y Junta. Sin embargo, la Junta "no sólo descartó el solar de la calle Brunete como ubicación de la Ciudad de la Justicia, sino que ha confirmado que al nuevo emplazamiento previsto --los antiguos depósitos de Tabacalera-- tampoco se mudarán los servicios judiciales sitos en la Audiencia", ha advertido la Institución Provincial.

"Ante esta tesitura se expresa, en la moción aprobada por el Pleno, que la prórroga del contrato sin derecho a renta se estableció con una clara finalidad transitoria para cubrir un desajuste puntual en la finalización de las obras, pero que no puede derivar en una situación permanente sin perspectiva de fecha para su conclusión", ha señalado.

Durante la defensa de la moción ante el Pleno, Juan Carlos Ruiz Boix, ha indicado que "incluso hemos pedido a la Junta que si no va a utilizar el solar de la calle Brunete nos lo devuelva". A juicio del presidente de Diputación "estamos ante una permuta fallida que debería deshacerse", porque de facto "la Junta al final se hace con los dos bienes" que basaron el contrato del año 2008.

En su opinión, la actual situación ocasiona un "evidente desequilibrio patrimonial para la Diputación", ya que no puede disponer de la sede de la Audiencia "ni percibe renta alguna", circunstancias que "desnaturalizan el contrato con la Junta", suponen "un abuso del derecho no amparado por la ley" y quiebran "el principio de buena fe contractual".

Ruiz Boix ha aclarado que las pretensiones de Diputación "ya fueron comunicadas y explicadas" al presidente de la Audiencia Provincial, aclarando que "en ningún caso" se ocasionarán perjuicios a los profesionales que trabajan en estas dependencias. "Reclamamos los derechos económicos que corresponden a Diputación ante lo que no es admisible una dejación de funciones por mi parte", ha expuesto el presidente.