SEVILLA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Trabajadores Autónomos estima, con los datos a los que ha tenido acceso en distintas fuentes consultadas, en 2.489 millones de euros la deuda de las administraciones públicas con los trabajadores autónomos, a 1 de noviembre de 2011, "alcanzando un nuevo récord histórico", una cifra que, a nivel nacional, asciende a 15.229 millones de euros, según la información facilitada por ATA-A a Europa Press.
Por comunidades autónomas, Cataluña (2.708 millones de euros), Andalucía (2.489 millones), Comunidad Valenciana (1.729 millones) y la Comunidad de Madrid (1.6015 millones) son las comunidades con mayor deuda con los autónomos. Estas cuatro comunidades concentran el 56,1 por ciento del total de la deuda de la Administración con el colectivo.
Por provincias, Sevilla (558 millones), Málaga (478 millones) y Cádiz (309 millones) concentran más de la mitad, concretamente el 54 por ciento del total de la deuda de las administraciones andaluzas. A estas cuatro provincias les siguen Granada con 269 millones, Almería con 256 millones, Córdoba (251 millones), Jaén (224 millones) y Huelva con 144 millones.
La Asociación de Trabajadores Autónomos ha comparado en el análisis realizado la deuda actual de las Administraciones Públicas en el último trimestre para analizar su evolución.
La deuda de las Administraciones, con los autónomos andaluces, "vuelve a cumplir un récord histórico", pasando de los 2.242,23 millones adeudados a autónomos y microempresas en agosto a los 2.489 de noviembre, lo que se traduce en 246,7 millones de euros más y un crecimiento de la deuda del 1,6 por ciento.
MÁS DE 90 DÍAS EN COBRAR
En cuanto a los periodos de pago, ATA-A destaca que "únicamente en las intervenidas Italia (188 días) y Grecia (175 días de media) los plazos de pago de las Administraciones Públicas a autónomos y microempresas son superiores a los que registra España" y mientras que la media de pago en el total de la Unión Europea (UE) se sitúa en 82 días, "en España esta cifra prácticamente se duplica, hasta los 159 días de media".
En este sentido, ha resaltado que los plazos de pago de países como Finlandia, donde un autónomo tiene que esperar de media 25 días para hacer efectivo el cobro de una factura con la Administración, y Alemania o Suecia, con una media en el pago de las facturas de 36 días, periodo cuatro veces inferior al de España.
Asimismo, ha recordado que tras la entrada en vigor de la Ley de Morosidad se establecieron unos plazos máximos de pago para el sector privado y la Administración que se van acortando de forma progresiva hasta cerrarse el 1 de enero de 2013 en un plazo máximo de pago de 60 días para el sector privado y de 30 para el público. En 2011, este plazo es de 85 días para el sector privado y 50 para la Administración Pública.
Con estos datos, ATA-A concluye que "a día de hoy el 90 por ciento de las administraciones incumplen la Ley de Morosidad: únicamente el 11,8 por ciento de los autónomos tarda menos de 90 días en cobrar las facturas emitidas al sector público".
"Las cifras se tornan aún más preocupantes cuando se comprueba que uno de cada dos autónomos (el 51,5%) tiene que esperar más de seis meses desde que emite una factura a una Administración Pública hasta que la cobra, tiempo de espera que para prácticamente uno de cada cuatro autónomos (el 23,4%) supera el año", ha subrayado.
"LA MOROSIDAD PÚBLICA, FOCO DE DESTRUCCIÓN D EMPLEO"
El vicepresidente de la ATA-A, Rafael Amor, ha destacado que "estos datos, junto al agravante de que los autónomos andaluces han adelantado 251 millones en concepto de IVA, por facturas aún no cobradas, suponen un testimonio claro y definitivo de que autónomos y microempresas estamos financiando a las administraciones públicas cuando debería de ser al revés".
"En estos momentos las administraciones públicas, con su morosidad, se han convertido en uno de los principales focos de destrucción de empleo, de autónomos y de microempresas: 36.000 autónomos se han visto obligados a cerrar sus negocios y cesar en sus actividades como consecuencia de la morosidad tanto pública como privada lo que ha conllevado la pérdida de más de 94.000 empleos", ha señalado.
"El fracaso de la Ley de Morosidad --apunta Amor-- continúa batiendo un triste récord, la de ser la ley que más insumisos tiene: el 90% de las administraciones la incumple".
Por ello, dado "el masivo y generalizado incumplimiento" de la Ley, sería "necesario y urgente" establecer un régimen sancionador así como establecer medidas que garanticen su cumplimiento. "Del mismo modo que cuando un autónomo no paga una multa, le embargan su casa, cualquier administrador de una Administración pública tiene que saber también que si no paga, alguna responsabilidad debe asumir", apuntan desde ATA.
Además, ATA ha pedido a los ayuntamientos "un ejercicio de responsabilidad" y que recurran a la nueva línea ICO Morosidad puesta en marcha el pasado mes de julio para saldar sus deudas pendientes con los autónomos, que son los que levantan cada día la persiana de los pueblos y ciudades, los que vertebran los municipios y los que en este momento están sufriendo con mayor crudeza los efectos de la crisis".
