SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Gestha) ha señalado que los pequeños empresarios andaluces "falsearon" sus ingresos, declarando un 14,8 por ciento menos ante la falta de liquidez y beneficios, mientras que los trabajadores asalariados por cuenta ajena declararon un 4,9 por ciento más de ingresos en la Campaña de Renta 2008, a pesar de los efectos incipientes de la crisis y la escalada del desempleo, que aumentó en 609.100 personas en España en el último trimestre de 2008.

Según explicó Gestha en una nota, los asalariados y pensionistas de Andalucía reconocieron en ese año un aumento de sus rendimientos netos de 781 euros, situándose en 16.897 euros anuales, según la II edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de la última estadística del IRPF-2008, declarado en junio de 2009.

Estos rendimientos reconocidos por trabajadores y pensionistas en esta comunidad chocan de plano con los ingresos declarados ese mismo año por los profesionales liberales y pequeños empresarios, los cuales se mostraron ante la Hacienda Pública como "simples mileuristas", con unas rentas netas de 10.133 euros anuales, y una caída de sus ingresos del 14,8 por ciento (unos 1.764 euros menos), a pesar de que la economía creció el 3,4 por ciento en 2008.

De esta forma, analizando la comparativa entre 2008 y 2007, Andalucía es la quinta comunidad que registra el mayor aumento de la diferencia entre los ingresos declarados por los trabajadores y pensionistas y los declarados por profesionales y pequeños empresarios (en estimación directa), que alcanza los 2.545 euros.

Gestha ha atribuido este comportamiento "tan dispar" a que las declaraciones de Renta de 2008 se presentaron en junio de 2009, en plena recesión económica, "por lo que muchos autónomos optaron por falsear sus declaraciones y ocultar sus beneficios de 2008 para sortear la falta de liquidez y caída de las ventas en 2009, opción imposible para los trabajadores cuyos ingresos están muy controlados".

El estudio también evidencia que los microempresarios andaluces que tributan en módulos, como albañiles, electricistas o fontaneros entre otros "tampoco pudieron defraudar como los profesionales y pequeños empresarios", declarando tan sólo 90 euros más de ingresos (+0,8 por ciento) en un "buen año" de actividad, ya que al estar "fichados por los módulos" no pagan impuestos en función de los beneficios que realmente obtienen, sino de otros factores "más o menos estimativos de esos beneficios" como la dimensión del local, el número de empleados y vehículos, o la electricidad consumida.

DATOS POR COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, la comparativa entre los años 2008 y 2007 muestra que Andalucía es la quinta comunidad que registra el mayor aumento de la diferencia entre los ingresos declarados por los trabajadores y pensionistas y los declarados por profesionales y pequeños empresarios (en estimación directa), que alcanza los 2.545 euros.

Las mayores brechas se abren en Murcia (3.362 euros), La Rioja (2.920 euros), Baleares (2.864 euros), Comunidad Valenciana (2.844 euros), Cataluña (2.451 euros) y Aragón (2.400 euros). Por el contrario, las regiones donde estas diferencias se situaron por debajo de la media nacional y, por tanto, son menos acentuadas son Madrid (1.994 euros), Asturias (1.944 euros), Castilla y León (1.900 euros), Extremadura (1.832), Canarias (1.823 euros) y Galicia (1.778 euros).

En opinión de los técnicos del Ministerio de Hacienda, la explicación a este comportamiento entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios reside en los altos niveles de fraude fiscal que viene arrastrando España en estos últimos años, donde la bolsa de dinero negro crece ininterrumpidamente.

La economía sumergida en España aumentó en 25.000 millones entre 2000 y 2009, alcanzando actualmente los 245.000 millones, lo que representa el 23,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, donde el índice de evasión ronda el 13 por ciento.

Para Gestha, una prueba "contundente" del fraude fiscal del sector empresarial español son "las grandes diferencias entre los ingresos declarados por los asalariados y los empresarios", hasta el punto de que los trabajadores declaran a la Hacienda Pública una media de 7.200 euros más que los profesionales y los pequeños empresarios, y alrededor de 7.600 euros más si se compara con los rendimientos de los microempresarios.

A pesar de estos datos, el secretario general del Cuerpo Especial de Gestión, José María Mollinedo, señaló que "en la actualidad los pequeños empresarios representan solo el 15 por ciento de la defraudación total de nuestro país; sin duda, las bolsas de economía sumergida más importantes son generadas por las medianas y grandes empresas, especialmente en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria".

Según este colectivo, la Agencia Tributaria del Estado no ha sido capaz de reducir las diferencias, "sino que ha permitido que se quintupliquen, a pesar de estar centrada en el control de las rentas del trabajo y los autónomos desde que en 1992 se creó".

En opinión de los técnicos, para evitar que la Agencia Tributaria estatal "siga perdiendo la batalla contra el fraude fiscal se debe reforzar la investigación de las principales bolsas de fraude que representan los profesionales liberales y las grandes empresas, que frecuentemente venden sin factura, pasan los gastos personales como gastos de la sociedad, utilizan sociedades instrumentales o paraísos fiscales, o en demasiadas ocasiones manejan facturas falsas".

Con el objetivo de reducir el fraude en el sector empresarial, Gestha ha propuesto que el Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Tributaria dirijan sus investigaciones "de lo más fácil --los trabajadores y autónomos-- hacia las grandes fortunas y el control de las subvenciones y del gasto público".

Ha abogado por aumentar la responsabilidad de los 8.000 técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda con la creación de un Cuerpo Superior (CSTH) que les autorice a investigar las grandes bolsas de fraude y mejorar la auditoría y el control del gasto público.

También ha propuesto otras iniciativas como el Consorcio o la colaboración efectiva entre Administraciones tributarias estatal, autonómicas y locales, la creación de una base de datos tributaria compartida entre ellas, así como la adopción de medidas fiscales sobre la tributación de pymes y autónomos o los contribuyentes y las sociedades con ingresos muy altos.