SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean), Mariano Barroso, ha valorado este martes la decisión de la Junta de Andalucía de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) tres normas del Gobierno central que considera un "ataque" al sector de las energías renovables con especial incidencia en la comunidad autónoma, entre ellas la suspensión de incentivos económicos a nuevas instalaciones que ha "deja en el aire" una inversión cercana a los 12.000 millones de euros y la creación de 40.000 empleos en Andalucía.
En declaraciones a Europa Press, Barroso ha destacado como "muy positivo" esta actuación de la Administración andaluza y ha hecho hincapié en que han sido escuchados y van a ser "defendidos".
"No sé si será inconstitucional o constitucional, eso lo decidirán los jueces, pero tenemos el derecho de presentar los recursos" ante medidas que "se han tomado sin analizar las consecuencias y Andalucía ha sido gran perdedora de esto", ha subrayado.
Además, ha apuntado que se han hecho inversiones "y no hemos podido desarrollar nada". "Andalucía se ha quedado con 1.500 megavatios sin poder desarrollar, sobre todo en eólica, y eso ha sentado muy mal y más en un momento crítico", ha indicado.
Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, el recurso de la Junta ante el Tribunal Constitucional (TC) se dirigirá contra la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (que incluye disposiciones relativas al sector energético) por considerar que vulnera los artículos 9.3 y 86 de la Constitución.
Según Vázquez, el "ataque constante" del Gobierno de Mariano Rajoy al sector de las energías renovables desde su llegada a la Moncloa tiene una "especial incidencia" en Andalucía que se materializa en cuestiones como la "suspensión de incentivos económicos a nuevas instalaciones, que dejan en el aire una inversión de casi 12.000 millones de euros y 40.000 empleos en Andalucía".
Asimismo, el portavoz ha aludido al hecho de que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, haya intentado exponerle la posición de la Junta al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, "que ha hecho oídos sordos a la petición de diálogo".