HUELVA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Local de Lepe han acudido esta mañana a las instalaciones que la empresa pública Giahsa tiene en ese municipio con la orden, por decreto del alcalde de la localidad, Manuel Andrés González (PP), de precintar el recinto e impedir a los operarios desarrollar su trabajo con normalidad, poniendo "en riesgo" el suministro de agua y la recogida de residuos a los ciudadanos en plenas fechas navideñas, según explicó la empresa en un comunicado.
Los trabajadores de Giahsa, sorprendidos ante la irrupción de la Policía en su lugar de trabajo, apelando al diálogo con los agentes del orden, han conseguido que, por el momento, el Ayuntamiento "dé marcha atrás en su intención de impedir a Giahsa cumplir con su obligación en la prestación de servicios tan esenciales para los ciudadanos como el suministro de agua y la recogida de la basura".
Desde la empresa pública "no se da crédito a esta sinrazón", a lo que añadió el presidente de Giahsa, Miguel Novoa, que se trata de "algo demencial", indicando además que Manuel Andrés González "ha perdido por completo los papeles y está dispuesto a dejar a sus vecinos sin agua y con la basura por las calles en su afán de persecución contra nuestra empresa pública".
La acción emprendida por el alcalde lepero constituye "un atentado contra los trabajadores, contra la legitimidad de Giahsa como actual prestador de servicios de agua y residuos en Lepe y contra la lógica más elemental".
Así, ante el temor de que en las próximas horas o días González pueda llevar a cabo nuevos intentos de perpetrar este despropósito, Miguel Novoa advirtió que desde la empresa "haremos cuanto esté en nuestra mano para impedirlo, con todos los instrumentos que la ley y el estado de derecho ponen a nuestra disposición".
ACTUACIÓN "TEMERARIA"
Por último, Novoa indicó que los tribunales "no han dado la razón a González por dos veces, así que este señor parece haber decidido tomarse la justicia por su mano". En este sentido, precisó que "fue temerario iniciando la privatización sin mantener el más mínimo diálogo previo; fue temerario abriendo un segundo proceso después de que los tribunales suspendiesen el primero; fue temerario adjudicando el servicio a una empresa privada en contra de las advertencias judiciales y es temerario ahora al intentar actuar por la fuerza".
