PP asegura que muchos padres "se quedarán en la estacada" porque Educación "no pone solución a un problema muy grave"
HUELVA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva, Antonia Cascales, aseguró hoy que el aumento de una unidad en los colegios Reyes Católicos y San Fernando se ha llevado a cabo por cuestiones de espacio en estos colegios, ante la demanda en los colegios de la zona del centro, "para que ningún niño se quede sin plaza", después de que ayer un grupo de padres de niños de tres años que han quedado excluidos de los colegios seleccionados por éstos como primera opción se concentrara ayer en las puertas del colegio Reyes Católicos, centro donde irán reubicados.
Según informaron a Europa Press fuentes de la Junta de Andalucía, la delegada insistió en que se ha elegido estos dos centros por cuestiones de espacio, ya que un aula prefabricada --cada centro tiene dos unidades-- necesita 100 metros cuadrados disponibles.
Por otro lado, aseguró que el colegio Reyes Católicos, donde ya se contaba con una prefabricada, tenía sin ocupar una unidad y en el caso del colegio San Fernando, estaba disponible un aula que se dedicará a la nueva unidad.
Sobre la necesidad de construir un nuevo colegio en el centro de la capital, la delegada de Educación señaló que la Junta de Andalucía está dispuesta a financiar su construcción, por lo que pidió al Ayuntamiento que "ceda y ponga a disposición de la Consejería los terrenos necesarios para el mismo".
En cuanto al aumento de la ratio para atender la demanda de plazas en los colegios concertados del centro, Cascales defendió que la política de la Consejería no es incrementar ese número.
PP: LOS PADRES "SE QUEDARÁN EN LA ESTACADA"
Por su parte, el secretario general del PP provincial, David Toscano, aseguró hoy que muchos padres de estos niños "se quedarán en la estacada porque Educación no está poniendo ninguna solución a un problema muy serio y grave, como es la escolarización de sus hijos".
Por ello, pidió a la Junta que reciba a estos padres afectados por el problema de escolarización en los centros que ellos habían elegido en una primera opción, a lo que añadió que "desgraciadamente" el hecho de que la Junta "no atienda a estos padres hace que en muchas ocasiones tengan que gastar una media de 1.000 euros entre abogados y detectives, para poder demostrar los posibles fraudes en la escolarización de otros hijos que han podido optar al colegio elegido".
Esta situación, según explicó Toscano, es "una muestra de insensibilidad e incapacidad de la Delegación para hacer frente a los problemas de padres y madres". Por ello, pidió a la Junta que "trabaje en detectar el fraude" y ponga los medios para ello con el fin de que los padres y madres "no tengan la obligación de ponerlos sin tener que hacerlo".
Toscano espera que la Junta estudie los ratios en estos colegios y "no le de igual un problema crónico que ha afectado a casi 100 niños", indicando además que "al final, el problema lo tienen los padres, los jueces, los propios colegios y no la Junta".
