Gobierno aclara que "nuevos requisitos ambientales" de Junta para el puente de Sanlúcar (Huelva) "demoran el proceso"

HUELVA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha aclarado que la Junta de Andalucía ha solicitado "nuevos requisitos ambientales" sobre el proyecto del puente internacional entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutin, por lo que este requerimiento "va a demorar este proceso hasta que se culminen dichos trámites".

En un audio remitido a los medios de comunicación, la subdelegada ha explicado que la Junta de Andalucía, órgano ambiental competente, elaboró un informe técnico que indicaba "la viabilidad del proyecto", por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España le dio traslado a Portugal.

Con posterioridad, Portugal "decide no llevar a cabo una consulta ambiental transfronteriza para este proyecto del puente", sino "únicamente pedirle un pronunciamiento respecto a los impactos posibles de la red Natura 2000".

De este modo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le pidió a la Junta el pronunciamiento acerca de la obra, pero la administración andaluza "emitió un informe donde no señalaba impactos en la Red Natura".

Sin embargo, Rico ha señalado que "posteriormente, en febrero del 2026, la Embajada de Portugal le pide el pronunciamiento acerca de la posición que la Junta de Andalucía "había mostrado en esa comisión técnica", por lo que la "clave" radica en que la Junta "sí que considera necesario que Portugal consulte no solo por los impactos de la red Natura 2000 sino, además, que haya un pronunciamiento por los posibles impactos en infraestructuras, bienes culturales, etc.".

Por ello, ha detallado que este requerimiento que considera la Junta de Andalucía lo que va a hacer es "efectivamente exigir estos requisitos ambientales y demorar este proceso hasta que se culminen dichos trámites".

"TRAMITACIÓN DEFICIENTE"

No obstante, estas declaraciones entran en contraposición a la versión ofrecida por la Junta de Andalucía, ya que el delegado en Huelva, José Manuel Correa, afirmó que el retraso que acumula el proyecto del Puente Internacional entre Sanlúcar de Guadiana (España) y Alcoutim (Portugal) "es responsabilidad de la tramitación deficiente llevada a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)" y "al hecho de que no hayan consultado a los órganos competentes en materia de infraestructuras y patrimonio, entre otros".

Así lo ha indicó Correa en una nota, respecto a las declaraciones del parlamentario socialista Mario Jiménez, en el que afirmaba que la ralentización se debía a "la incorporación de nuevos requisitos en la tramitación ambiental exigidos por la Junta de Andalucía elevando de forma innecesaria las exigencias ambientales lo que implica un procedimiento administrativo más complejo y, por tanto, más largo en el tiempo, contradiciendo, además, un informe del Ministerio de Transportes en el que se asegura que el bloqueo del proyecto no deriva de la Junta de Andalucía".

"Demuestra con estas declaraciones que desconoce las exigencias legales que poseen este tipo de proyectos y que, a pesar de lo expresado en los medios de comunicación, el Ministerio no ha hecho correctamente los deberes. Esta dejación ha provocado que este proyecto estratégico no haya recibido hasta ahora el impulso necesario ya que se han obviado muchos otros aspectos como la protección cultural o la afectación para movilidad en ambas orillas del río", ha dicho el responsable autonómico.

Así, ha señalado que a finales del 2025 la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Sostenibilidad "indicó en un oficio que, según el artículo 50 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y en consonancia con el Protocolo de Actuación entre España y Portugal de evaluaciones ambientales y proyectos con efectos transfronterizos, es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la autoridad ambiental competente para realizar la evaluación en la parte afectada en el Estado español y que corresponde a esta entidad gubernativa la realización de las consultas pertinentes a las administraciones públicas afectadas".

Apunta que el Servicio de Espacios Naturales de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha "comprobado" que las actuaciones del proyecto "interceptan dos áreas" pertenecientes de la Red Natura 2000 española --la ZEC río Guadiana y ribera del Chanza y la ZEC Andévalo Occidental--, y otra correspondiente a la Red Natura 2000 portuguesa, concretamente la ZEC do río Guadiana, "aunque concluye que no es previsible que las actuaciones descritas puedan suponer una afección significativa".

No obstante, ha manifestado que la Administración autonómica señaló en su escrito "que es deber del Ministerio consultar, no solo al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino también a los órganos competentes en otras materias afectadas como patrimonio cultural, aguas, salud, fomento, transporte, costas y Confederación Hidrográfica del Guadiana. Por eso, el escrito remitido por la Junta al Ministerio concluía que no se consideraban correctamente cumplimentados los trámites necesarios".