El PSOE de Almonte (Huelva) presenta un recurso de reposición contra el acuerdo sobre la zona azul en Matalascañas

ALMONTE (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El PSOE en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo plenario adoptado el pasado 21 de abril, mediante el cual el equipo de Gobierno "pretende dar continuidad al proyecto de concesión del servicio de estacionamiento regulado de zona azul en el núcleo urbano de Matalascañas".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los socialistas han criticado que el procedimiento seguido es "radicalmente nulo, al desoír las indicaciones expresas del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que ordenó la anulación total de la anterior licitación y la apertura de un nuevo proceso desde el inicio", y "no una mera corrección de errores o modificación del procedimiento anterior, como ha hecho el equipo de Gobierno".

El recurso detalla que el contrato impulsado por el Ayuntamiento "altera sustancialmente su naturaleza, pasando de ser un contrato de servicios a un contrato mixto que incluye obras de pavimentación", lo que "modifica los criterios de adjudicación y los requisitos de las empresas licitadoras".

Además, el Grupo Socialista ha cuestionado "la falta de motivación" sobre "la necesidad del contrato, que tiene una duración de más de 30 años y un volumen económico de casi 39 millones de euros". "No se justifica ni el inicio del servicio el 15 de mayo, ni se aportan datos objetivos que avalen la necesidad de implantar la zona azul en esa fecha y en esas condiciones", ha señalado desde el PSOE.

Además, uno de los aspectos "más criticados" por los socialistas es que la delimitación de la zona regulada "no deja espacios para el estacionamiento gratuito", lo que, en palabras del portavoz, José Miguel Espina, "supone una privatización del espacio público y una barrera económica de acceso a Matalascañas, que podría equipararse a un peaje de entrada".

Por todo ello, el PSOE de Almonte ha exigido que se anule el acuerdo aprobado en el Pleno y "se inicie un nuevo procedimiento ajustado a derecho, que respete los principios de transparencia, legalidad y servicio público"