HUELVA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en Granada, acoge este miércoles, a partir de las 10,30 horas, una vista para abordar las cuestiones previas solicitada por Inmaculada Torres, letrada de la expareja y la madre de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva), --en el que asesinaron a una niña de ocho años y a su padre en abril de 2013 en el domicilio de ambos--, en las que solicita la nulidad en el procedimiento de las intervenciones telefónicas de esta mujer y, subsidiariamente, la exclusión de las conversaciones telefónicas mantenidas entre ella y su abogada, que fueron grabadas.
A su vez, pide el acceso a un informe psiquiátrico realizado por forenses del juzgado al único detenido por los hechos F.J.M.R., en prisión provisional, y que dice que el mismo es "imputable", según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Esta vista es consecuencia del recurso de apelación presentado por la expareja y madre de las víctimas contra la desestimación de la nulidad acordada por la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado en este caso.
A su vez, en esta vista, esta ratificará el recurso ya presentado en el que se pide que se declare nulo el auto de 28 de mayo de 2014 por el que se autorizaron las escuchas telefónicas de la madre y expareja de las víctimas, al considerar que "no está motivado" porque estas conversaciones "no aportan nada, ningún dato revelador, así como que es muy grave el uso dado a las mismas".
Desde que en enero de 2016 el citado juzgado notificara a las partes del procedimiento el auto, por el que se acordaba la incoación de procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado contra el acusado, se produjeron una serie de filtraciones "interesadas".
Y todo ello, a juicio de la letrada, "con la única finalidad de poner en entredicho ante la opinión pública, no sólo la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, sino, incluso, la instrucción desarrollada por el juzgado y la acusación del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares que representan a las familias de las víctimas, y que son la víctimas colaterales de estos hechos", como la expareja y madre y su familia, por un lado y la familia del fallecido, por otro, "recurriendo, incluso a la manipulación del resultado de las pruebas".
A su parecer, "estas filtraciones exceden de lo que debe ser el legítimo derecho de defensa, pues afectan, no sólo al derecho a la tutela judicial efectiva de las verdaderas víctimas, sino incluso a su dignidad e intimidad".
A su vez, subrayó que esas filtraciones se llevaron a cabo con "la única finalidad de desacreditar la investigación policial, la instrucción, las acusaciones y testigos, y llegan al extremo de publicar datos de la autopsia de la menor sin contar con el consentimiento de la madre, vulnerando lo dispuesto en el Ley de Protección Jurídica del Menor y, a sabiendas, del daño que la publicación de dichos datos puede causar a las otras víctimas de estos hechos".
A la petición de la exclusión de las escuchas se ha sumado la Fiscalía y la otra acusación particular, ejercida por los padres y abuelos de los fallecidos.
