Acusados aceptan la condena por estafar a extranjeros con el sistema de reventa de multipropiedad

MÁLAGA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Las acusaciones y las defensas de 10 acusados en relación con la estafa a extranjeros, sobre todo británicos, a través del sistema de reventa de multipropiedad, han llegado este lunes a un acuerdo. Así, seis de los procesados han aceptado una condena por un delito de estafa y los otros cuatro, por otro de asociación ilícita.

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha acogido el juicio a un grupo al que se le acusaba de estafar con este sistema desplegado desde el municipio malagueño de Fuengirola, constando unas 300 personas estafadas. El fiscal acusó a 18 personas, pero uno ha fallecido y otros siete están en rebeldía, según fuentes judiciales.

El letrado de la acusación Luis Fernando González, perteneciente al despacho Lawbird y que representa a más de 150 de los afectados, ha indicado que para cuatro de los acusados por estafa se ha acordado una pena de dos años de prisión; mientras que a otros dos se les impone una condena de un año. En todos los casos, la multa es de 1.080 euros.

Otros cuatro acusados han aceptado una condena por el delito de asociación ilícita de un año de cárcel y multa de 1.440 euros. También se les condena a todos al pago de responsabilidad civil por el dinero que fue entregado por los perjudicados, el cual, según dicho abogado, ascendió a un montante global de unos 500.000 euros.

El representante de estos perjudicados ha indicado que las cantidades que entregaron éstos son "pequeñas", rondando los 1.200 euros, lo que ha hecho que en muchos casos "no hayan denunciado", aunque ha destacado la "valentía" de los que sí lo han hecho. Asimismo, se ha mostrado seguro de que "hay muchos más afectados".

En este sentido, ha subrayado que "se confirma la existencia del delito de estafa porque han reconocido los hechos y no queda impune este tipo de actos", al tiempo que ha precisado que ha sido un procedimiento "lento", aunque ha insistido en que "las armas del sistema judicial han tenido su fruto".

Según las conclusiones provisionales del ministerio público, los acusados, de distintas nacionalidades, habrían creado, con la finalidad de "un enriquecimiento ilícito", una estructura empresarial que "renovaban periódicamente desvinculándose de las sociedades previas para evitar ser localizados".

Como tarjeta de presentación, dice la acusación en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se utilizaba "un gran número de sociedades, algunas registradas, otras off shores, otras simplemente inexistentes", que tenían cuentas "temporales que reflejan múltiples transferencias que suma un ingente capital defraudado". En la organización, cada acusado tenía una función.

El primer contacto telefónico se establecía, según la acusación, a través de teleoperadores contratados para ello y que actuaron supuestamente "bajo el amparo de una sociedad real o bien utilizando una denominación social ficticia y manejando listados previamente adquiridos de titulares de derechos o semanas de aprovechamientos a tiempo compartido".

Los teleoperadores, según relata el ministerio fiscal, ofrecían la gestión de la venta de su timeshare "a un precio muy atractivo con información de un posible comprador que en realidad no existía". Para esta operación, los acusados "exigían como condición previa el envío de una cantidad de dinero, mediante transferencia bancaria o pago con tarjeta".

Para evitar ser detectados instauraron la "metamorfosis" cada dos o tres meses del entramado societario y de la infraestructura delictiva, según indica la acusación pública, "renovando de manera perfectamente organizada las sociedades limitadas utilizadas para el fraude mediante su sustitución por otras de diferente denominación, emplazamiento y cuentas bancarias".

Como variante, el ministerio público apunta que se creó una sociedad donde, desde un improvisado locutorio, se contactaba con perjudicados del fraude para, "aprovechando su desorientación y situación desesperada", ofrecerles una asesoría jurídica "inexistente" ante las autoridades de la Costa del Sol.