Acusados de ocupar un terreno dicen que fue "simbólico"

MÁLAGA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres acusados de ocupar simbólicamente un terreno en Pizarra (Málaga) en abril de 2013 han asegurado este miércoles en el juicio que estaban seguros de que era suelo público, para lo que consultaron documentos urbanísticos; y han coincidido en que "nunca" la intención fue meterse en una parcela privada, sino hacer una llamada de atención para que se dedicaran tierras a huertos sociales.

El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ha celebrado el juicio, que ha quedado visto para sentencia, contra estos tres miembros de CGT, dos de ellos vecinos del municipio, acusados por el fiscal y la acusación particular, en representación de los supuestos dueños --herederos Conde de Pizarra-- que denunciaron los hechos, por delitos de usurpación y coacciones, pidiendo 18 meses de prisión y multa de cinco meses.

Los hechos sucedieron el 12 de abril de 2013, cuando un grupo de personas de dicha localidad y de movimientos sociales ocuparon de forma simbólica un terreno de 78 metros cuadrados de anchura que consideran una vía pecuaria o realenga y que se encontraba en estado de semiabandono. El objetivo era llamar la atención de la Junta de Andalucía para poder instalar huertos sociales.

Dos de los acusados, vecinos de la zona, han declarado que "nunca la intención era meternos en una finca privada" y que estudiaron el plan "para no infringir ninguna ley o propiedad privada", insistiendo en que estaban en el convencimiento de que era una zona "pública". Así, han dicho que fueron al Ayuntamiento de Pizarra y consultaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y hablaron con un perito.

Han explicado que la decisión se tomó en asamblea y que se quedaron hasta que unos diez días después tuvieron una reunión con responsables de la Junta de Andalucía que "nos transmitieron que era una realenga pero que había que hacer un deslinde". "Cumplimos el objetivo de que la Administración nos recibiera y nos diera alguna solución y nos fuimos", ha dicho uno de ellos.

El tercer acusado ha declarado que él sólo estuvo el primer día para apoyar a los vecinos de Pizarra que habían ocupado de forma simbólica "un terreno baldío". Los tres han asegurado que fue un acto pacífico y que no rompieron alambrada ni candados para entrar, porque la valla estaba caída en varias partes del trazado desde un año antes por unas lluvias.

Además, han incidido en que no pretendían ocupar permanentemente la finca, aunque sí han señalado que tienen presentados proyectos para establecer huertos sociales, pero están pendientes de que la Junta de Andalucía haga el deslinde, que cuesta unos 100.000 euros. Según han manifestado, el Gobierno andaluz no lo ha podido realizar aún "por motivos presupuestarios".

Por contra, el dueño de la finca, personado como acusación particular, ha indicado que ese terreno forma parte de su parcela y que un Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1977 así lo recoge; además de que ha declarado que el área siempre estaba cerrada. Dos testigos, uno de ellos el encargado de la finca, han dicho que vieron a un grupo de personas entrar, pero no identificaron a nadie.

Han asegurado que no se impidió el acceso a los trabajadores de la finca. Uno de los agentes de la Guardia Civil que actuó ha señalado que desde el principio se les dijo que "era de sentido común que nadie puede ir y poner una estaca en un terreno", aunque sea público; pero cuatro días después del inicio de la ocupación se les "advirtió claramente" de un posible delito de usurpación.

Desde el sindicato han asegurado que tanto el Ayuntamiento como la Diputación acordaron en pleno el apoyo a los encausados y solicitar la retirada de las imputaciones; además de que la Junta ha remitido un informe "diciendo que es público"; documentos que han sido aportados. Han considerado que esos terrenos son "públicos y han sido usurpados a los verdaderos dueños, la ciudadanía".

CGT ha realizado este miércoles una concentración de apoyo a los procesados. Miguel Montenegro, uno de los acusados y secretario de este sindicato en Andalucía, ha asegurado que siguen "reivindicando que ese terreno es público y debe ser para el pueblo y no para que ningún terrateniente se lo apropie". "Esperamos que haya justicia y seamos absueltos", ha dicho.