Actualizado: jueves, 5 enero 2017 15:23

MÁLAGA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela, ha considerado que debería hacerse "con carácter habitual" que los inmigrantes llegados en pateras sean acogidos por organizaciones sociales "para prestarles una ayuda humanitaria", como ha ocurrido con los llegados a Málaga desde el 1 de enero, y no ser trasladados a centros de internamiento "que no cumplen las condiciones básicas".

Así, Rodríguez Candela ha indicado en declaraciones a Europa Press que esa "es una privación de libertad absolutamente estéril, como nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo". "Lo que ha de hacerse desde un primer momento es acoger a estas personas en organizaciones sociales para prestarles una ayuda humanitaria", ha indicado.

"Consideramos que lo que ha ocurrido con las dos últimas pateras que llegaron a Málaga es lo que se debe hacer con carácter habitual, y no esperar a que estas personas estén varios días privadas en libertad en centros que no cumplen condiciones básicas cuando se sabe que su devolución no va a poder ser ejecutada", ha aseverado el responsable del equipo jurídico.

Ha asegurado que en el colectivo "sí tenemos constancia de que los CIE están por encima de su capacidad, de ahí que no puedan entrar más personas y sean puestas a disposición de las organizaciones sociales para que les presten un acogimiento humanitario", ha explicado respecto a los más de cien inmigrantes interceptados en las costas malagueñas.

No obstante, ha señalado que "eso es lo que ocurre con las personas ingresadas en estos centros, la inmensa mayoría, cercano al 95 por ciento, que ingresan en el CIE de Tarifa tras haber llegado en patera, a los pocos días son puestos a disposición de las organizaciones sociales".

Y esto, ha dicho, se produce en los casos en los que "su devolución no puede ejecutarse, luego en realidad desde mi punto de vista, lo único que se ha hecho ahora --en el caso de las dos últimas embarcaciones--, y se ha hecho bien, es evitar que tengan que pagar un peaje de una situación de privación de libertad cuando se conoce de antemano que la devolución no va a poder ser ejecutada".

"Lo que esperamos es que en el futuro se actúe de la misma manera y no se ingresen a estas personas en centros que tienen un claro carácter penitenciario y que evidentemente no sirven para la finalidad que fueron creados, que es asegurar la ejecución de la devolución", ha manifestado, señalando que "en este caso, los extranjeros han sido puestos en libertad y acogidos por las ONG de forma voluntaria".

El jurista ha explicado que la orden de devolución la dicta el subdelegado del Gobierno y que los inmigrantes no pueden estar privados de libertad más de 72 horas, apuntando que la autoridad judicial "interviene cuando se solicita el ingreso en un centro que, según dice la ley, no puede tener un carácter penitenciario". Pueden estar un máximo de 60 días, "plazo que no se cumple porque a los pocos días o muy pocas semanas son puestos en libertad porque en sus países no se les reconocen o no existen acuerdos de readmisión".

No obstante, ha esperado que Europa y España "hagan sus deberes y hagan políticas de cooperación en esos países para afrontar el problema en origen y no en destino", porque, ha añadido, "está claro que la respuesta que se está dando no está solucionando el fenómeno", considerando que "todo el dinero que se está invirtiendo en control y represión se tiene que invertir en cooperación".

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