MÁLAGA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción estima en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento de Estepona (Málaga) a raíz del caso 'Astapa', contra la supuesta corrupción política y urbanística en dicho municipio, por el que el ministerio fiscal ha acusado a 51 personas, entre ellas el que fuera alcalde Antonio Barrientos.
Así consta en el escrito de calificación provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que a lo largo de más de 160 páginas se explica la investigación llevada a cabo sobre el periodo comprendido entre 2003 y mediados de 2007 y las diversas actuaciones municipales realizadas sobre todo en urbanismo.
Durante las fases de la operación policial del caso 'Astapa', iniciada en junio de 2008, fueron detenidos, además de Barrientos, otros cargos políticos y concejales que entonces estaban en el PSOE y en el Partido de Estepona (PES), en coalición en el Ayuntamiento; así como empresarios, técnicos, abogados y empleados municipales.
La causa llegó a tener más de 100 personas investigadas, que finalmente se quedaron en 90. Anticorrupción pide el sobreseimiento del caso para 39 procesados y acusa a 51. Para Barrientos solicita diez años y nueve meses de prisión, multa de un millón de euros e inhabilitación para empleo público durante 38 años.
Le acusa de los delitos de falsedad, fraude y malversación --que van en concurso--; cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, todos con carácter continuado. Además del exregidor, están acusados otros cinco exresponsables municipales, entonces miembros del PSOE y del PES, así como empresarios y empleados municipales.
Así, para otro de esos excargos, José Flores, al frente del Gabinete de Alcaldía, solicita la misma pena que para Barrientos por los mismos delitos; y otros dos, Francisco Zamorano, director económico para la revisión del PGOU; y Pedro López, que coordinó la empresa de planificación urbanística, suman además el delito de blanqueo de capitales, solicitando para ellos once años de prisión.
Otros dos excargos políticos, José Ignacio Crespo, que era el líder local del PES y primer teniente de alcalde; y Manuel Reina, titular de la Concejalía de Economía, son acusados de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación; así como de cohecho y prevaricación, y se pide para cada uno diez años de cárcel.
En cuanto a las indemnizaciones, el fiscal considera que estos principales acusados deberán indemnizar de forma solidaria al Ayuntamiento de Estepona en la suma de 28,3 millones de euros "a integrar en el Patrimonio Municipal del Suelo"; mientras los empresarios responderán de una parte según la responsabilidad que se determine.
Según la Fiscalía, estos seis políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones "orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios" para "financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición" y también presuntamente para beneficio propio.
El fiscal dice que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos "tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica" en el municipio, pero "en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios".
"Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una 'Caja B', procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios", dice la Fiscalía.
Ese pago era "impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales", dice el fiscal, apuntando que las contribuciones "se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales".
Esto dio lugar "a manipulaciones en el objeto de facturas o a la emisión de otros documentos falaces", sostiene la acusación pública, señalando que los empresarios "solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio".
Por eso, en los años siguientes, supuestamente, "se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido", de forma que se condicionaba la aprobación de los instrumentos de desarrollo y transformación del suelo y la tramitación de convenios e incluso licencias.
En la causa se han investigado una treintena de convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento y se han detectado medidas relacionadas con el urbanismo, supuestamente llevadas a cabo por los principales acusados, "tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público, buscando a cambio ventajas actuales o futuras para sus partidos o para ellos mismos", señala el fiscal.
FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS EN EL MUNICIPIO
Asimismo, la acusación pública entiende presuntamente que estos acusados "también aprovecharon" para contribuir, junto a otros procesados, "a la financiación subrepticia de actividades electorales de sus respectivos partidos políticos por parte de empresarios favorecidos por resoluciones municipales y para obtener un lucro personal".
Al respecto, el fiscal señala que a principios de 2007 la Agrupación del PSOE de Estepona tenía unos 300 miembros, de los que un tercio ocupaban puestos municipales, y aparentemente se financiaba con cuotas de afiliados y con aportaciones que el grupo municipal recibía del Ayuntamiento; contando cerca de las elecciones de un saldo en las cuentas que no llegaba a 35.000 euros.
En cuanto al PES, llegó a contar con algo más de 1.000 afiliados, que no pagaban ningún tipo de cuota, por lo que la formación se financiaba con una asignación municipal que no llegaba a 2.000 euros mensuales y a base de donaciones de particulares o empresas "que nunca se reflejaban en las cuentas".
Sin embargo, según la acusación, ambos partidos costearon campañas electorales con actos y conciertos de artistas reconocidos con costes cercanos o superiores a los 100.000 euros cada evento.
Además, "para aparentar una fuente lícita de financiación", dice el fiscal, se anunció que parte de los candidatos solicitarían préstamos personales que pondrían a disposición del partido para gastos electorales. Al menos siete candidatos obtuvieron el crédito de 6.000 euros cada uno, "sin que luego tuvieran que amortizarlos con sus ingresos personales, pues recibieron cantidades en metálico para reembolsarlo o atender los vencimientos", procediendo el dinero de determinadas empresas.
La Fiscalía Anticorrupción también alude a presuntos incrementos patrimoniales de algunos acusados, como Barrientos, del que dice que supuestamente "dispuso constantemente de una fuente oculta de ingresos que le proporcionaba dinero en efectivo suficiente para cubrir todos sus gastos personales y familiares sin necesidad de usar tarjetas o sacar dinero de sus cuentas" y que habría recibido regalos, al igual que otros procesados.
Según la acusación, las obras de la casa de Barrientos "fueron diseñadas y dirigidas por técnicos al servicio de empresas" de una sociedad investigada y sólo en pago a proveedores "costaron al menos 236.000 euros que se facturaron y quedaron contabilizados en una constructora como gastos propios, sin repercutirlos en facturas contra su cliente".
El ministerio público estima que se debe aplicar la circunstancia de dilaciones indebidas, que atenúa la pena, a todos los procesados por el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa. En este sentido apunta que "por deficiencias estructurales de la Administración de Justicia la instrucción duró algo más de diez años".
