Anticorrupción pide diez años de cárcel para el exalcalde de Ronda por el caso 'Acinipo' y acusa a otras seis personas

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción de Málaga ha solicitado diez años de prisión y 35 de inhabilitación para empleo o cargo público para el exalcalde de Ronda (Málaga) Antonio Marín Lara por el denominado caso 'Acinipo', sobre la presunta corrupción urbanística en dicha localidad, por los delitos de falsedad, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. También acusa a otras seis personas.

Así consta en el escrito de calificación provisional remitido por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda (Málaga), que ha llevado el tema, y que acordó el pasado mes de julio seguir la causa contra siete investigados, entre ellos Marín Lara, decretando el sobreseimiento respecto de otros cinco, que se sumaban a otra persona para la que ya se había archivado previamente el procedimiento.

Además del exalcalde y actual concejal rondeño, el fiscal dirige la acusación, según las conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, contra los exediles Francisco Cañestro, Rafael Lara y Josefa Valle; a los entonces secretario y arquitecto municipales y un empresario.

La causa se centra en el proceso para la construcción de una gran superficie comercial a Ronda y los trámites realizados al respecto, como la enajenación presuntamente "irregular" del antiguo recinto ferial, las sucesivas adjudicaciones también supuestamente irregulares de obra pública a una empresa, así como un préstamo de dicha sociedad.

Así, en cuanto a la enajenación "irregular" del antiguo ferial, Anticorrupción explica que un empresario local, ya fallecido, acordó en 1998 con los responsables de un grupo empresarial implantar un centro comercial y logró posteriormente el apoyo del Ayuntamiento al "aprovechar la fluida relación que mantenía con Marín Lara", que en septiembre de 2004 había accedido a la Alcaldía tras una moción de censura.

Según el fiscal, ambos "negociaron en secreto una alternativa a la recalificación de los terrenos" elegidos, de forma que el Consistorio "tomaría la decisión de construir a su cargo un nuevo recinto ferial, ocupando justamente las cinco hectáreas de suelo no urbanizable" que el empresario compró "entregándole a cambio los suelos del actual ferial ya dotados de una configuración urbanística que permitiera el uso comercial y construir un hipermercado".

Para el ministerio público, "esa solución desbloqueaba el proyecto pero no satisfacía necesidades reales del municipio, sino que forzaba un giro en la política urbanística que el Ayuntamiento venía desarrollando en esa parte de la ciudad". Añade que Marín Lara, "asistido por funcionarios y políticos de su confianza", negoció personalmente con el empresario los convenios de permuta y urbanístico.

Según esta acusación, el entonces alcalde, alegando que Ronda "necesitaba un gran centro comercial que generaría puestos de trabajo e impulsaría la economía local", tomó decisiones urbanísticas "arbitrarias" en favor del interés privado, "lejos de respetar los procedimientos legales y cumplir con su deber de defender la integridad del patrimonio municipal".

Anticorrupción indica que entre las decisiones tomadas estaba "la enajenación ilegal de bienes de uso público local" o forzar "la minusvaloración de los bienes municipales", aunque no está acreditado que lo hiciera a cambio de contraprestaciones económicas, fuera en provecho propio o de su partido; "pero no descartaba entonces la posibilidad de recibir futuras ayudas del empresario local, en concepto de devolución de favores".

"Para salvar obstáculos jurídicos y solapar sus auténticos objetivos", dice el ministerio fiscal, el alcalde contó "al menos con la colaboración" de los entonces secretarios y arquitecto municipales, "urdiéndose un sencillo plan" que consistía en tramitar dos expedientes separados, uno de permuta y otro de planeamiento urbanístico, "como si se tratara de actuaciones promovidas por dos empresas independientes".

Además, para "rentabilizar como fruto de su gestión en próximas elecciones municipales" estas actuaciones, adjudicó "directa y arbitrariamente las obras de urbanización del nuevo ferial" a dicho constructor, apuntando la acusación que el entonces alcalde y el secretario municipal "se afanaron en ocultar que una obra pública de semejante magnitud necesariamente debía licitarse por los procedimientos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas entonces vigente".

La Fiscalía se refiere también a supuestas "irregularidades" del expediente de modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y al préstamo de 45.000 euros a exediles por parte de la empresa del constructor local, que así supuestamente logró retrasar un pago al Ayuntamiento, así como a la adjudicación por parte del exalcalde del asfaltado de varias calles "de forma directa y arbitraria a un amigo", que está acusado, con un importe que "doblaba la cuantía máxima de la contratación menor".