El Colegio de Abogados presenta un contencioso-administrativo contra la Ley de Tasas Judiciales

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Málaga ha presentado el escrito de interposición de recurso Contencioso-Administrativo, procedimiento ordinario, contra la Orden Ministerial que reglamenta las Tasas Judiciales, según han informado desde dicha institución colegial.

Con este escrito, la institución colegial pone de manifiesto las consecuencias que tiene dicha normativa, que entró en vigor el 22 de noviembre, contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en concreto, contra la Tutela Judicial Efectiva, según han indicado en un comunicado.

Además, han considerado, "se vulnera" el artículo 14 de la Constitución Española, que manifiesta la igualdad de los españoles ante la Ley y la seguridad jurídica consagrada en el artículo 9.3 de este mismo texto. De este modo, se estima suficientemente justificada su suspensión solicitada.

"Provoca perjuicios a un gran número de personas, que a partir de ahora no podrán costearse los litigios y a los colectivos profesionales del ámbito jurídico, desde abogados, procuradores, economistas, hasta jueces, fiscales, secretarios", ha señalado el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara.

Mediante esta interposición, la institución colegial solicita la suspensión de la normativa y pone de manifiesto su apoyo a las acciones promovidas por diferentes organismos, entre ellos el Colegio de Abogados de Orense o el Consejo General de la Abogacía Española y la plataforma Justicia para Todos, quienes han solicitado también como el Colegio, la intervención de la Defensora del Pueblo.

El escrito, presentado este pasado martes, se une a la solicitud de intervención de la Defensora del Pueblo realizada el pasado mes de enero para promover el recurso de inconstitucionalidad y a los actos organizados por la institución para luchar contra la aplicación de la nueva normativa.

Entre ellas, desde el Colegio han destacado la manifestación del pasado 28 de noviembre que unió a más de 2.000 letrados y ciudadanos, que expresaban su rechazo a la Ley de Tasas Judiciales y cuyas firmas fueron entregadas en el Congreso de los Diputados el 13 de diciembre.