MÁLAGA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Málaga ha condenado a dos hombres por estafar más de un millón de euros en total a inversores extranjeros, a los que ofrecían la oportunidad de invertir en supuestos proyectos inmobiliarios, con una alta rentabilidad y la devolución del capital invertido o la entrega de una propiedad. Se impone a cada uno tres años y medio de prisión y multa de 9.000 euros.
Según se declara probado en la sentencia de la Sección Primera, que se puede recurrir, uno de los acusados, administrador junto con otro hombre, que no ha sido juzgado por encontrarse en paradero desconocido, de una sociedad con domicilio social en Marbella (Málaga), captaba capital de numerosos inversores para la realización de proyectos inmobiliarios.
A éstos, señala la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, les ofrecían un interés que en ocasiones llegaba hasta el 20 por ciento, "garantizándoles no sólo el alto rendimiento sino, en caso de no poder devolver el capital invertido vencido el plazo, inmuebles en la Costa del Sol o acciones de sociedades "inexistentes o fantasmas".
En los primeros meses, los acusados pagaron en algunos casos los intereses pactados, por lo que algunos inversores siguieron invirtiendo y entregando cantidades mayores "confiados en la rentabilidad que de forma momentánea habían conseguido". Los acusados dedicaban estas cantidades, dice la Sala, a pagar los intereses de los nuevos inversores.
Además, se indica, "para aparentar la solvencia de la que carecían y ganarse la confianza de los inversores", manifestaban tener una cesta de propiedades de dicha sociedad y otras entidades, propiedades que estaban ubicadas en Estepona (Málaga), pero también en el extranjero, en concreto, según la resolución, en Bahamas, Venezuela o Macanao, además de un fondo de reserva de un millón de dólares.
"En realidad los acusados no disponían de ninguna propiedad", considera probado el Tribunal, sino tan sólo adquirieron en el año 2000 unos terrenos en Estepona donde iban a construir 22 viviendas, aunque sólo se llegó a ejecutar una que obtuvo licencia "no consiguiéndose ninguna otra en ningún momento a lo largo de este procedimiento".
En la captación de inversores, y también para dar solvencia, contaron con la ayuda de un abogado, uno de los acusados, quien "colaboró activamente en el negocio, haciendo creer a los inversores que era el garante del buen fin del dinero invertido". Además, el socio que está en busca y captura se presentó ante algún perjudicado como perteneciente a una institución muy apreciada en Reino Unido.
Se añade que ninguno de los acusados ni las sociedades estaban debidamente inscritos ni autorizados por organismos competentes, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para captar pasivo de terceros para inversiones inmobiliarias, gestión o administración de fondos. Son nueve los inversionistas afectados.
En total, lograron captar, según la sentencia, 1,1 millones de euros "que nunca llegaron a devolver". También estaba acusada por el letrado de una de las afectadas una mujer que supuestamente puso en contacto a ésta con el abogado acusado, aunque la procesada ha sido absuelta "al no quedar acreditado debidamente que tuviese conocimiento del negocio fraudulento organizado por los acusados".
La Sala considera que la actividad empresarial era "un mero instrumento para obtener beneficios los acusados a costa del dinero de los perjudicados al no existir inversiones productivas, recursos o fondos propios, capital mobiliario o inmobiliario con el que responder, ni desde luego un fondo de reserva de un millón de dólares".
