MÁLAGA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga y el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Mijas han mantenido la acusación para cinco policías locales juzgados por aprovechar su condición para traficar con drogas y, en el caso del abogado del Consistorio, ha considerado que la "alarma" y el "rechazo social" a estos comportamientos tiene que tener reflejo en una condena, por lo que ha pedido que "no vuelvan a ser policías". Las defensas han insistido en la nulidad de todo el caso.
El juicio a estos cinco agentes y un sexto procesado ha quedado visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia. Ambas acusaciones piden penas que van desde los seis años y nueve meses de prisión a los cuatro años, así como inhabilitación absoluta durante 20 años, por un delito contra la salud pública, al considerar que aprovecharon su condición para aparecer en desembarcos de drogas y apropiarse y lucrarse con su venta.
Así, la fiscal ha aludido a la gravedad de los hechos y al papel que realizaba cada acusado, estando uno en una posición superior a los demás, al ser el jefe. Ha defendido la validez desde el inicio de la instrucción, cuestionado por las defensas, y se ha basado en la declaración del responsable de la investigación en el juicio, así como en las distintas conversaciones telefónicas intervenidas, para mantener la acusación contra los seis procesados.
Por su parte, el abogado del Ayuntamiento mijeño, personado como acusación particular, ha considerado "alarmante" el comportamiento de estos agentes y la "falta de escrúpulos" que presentan en las escuchas telefónicas. Ha admitido que hubo corporaciones municipales que fueron "muy laxas" en los accesos a la Policía Local, lo que ha pasado en otros municipios, recordando que son de los cuerpos mejor pagados.
En su informe, el letrado ha aludido a la corrupción y ha señalado que de un político se puede prescindir, pero "cuando es un funcionario el que se corrompe, el sistema se corrompe y eso es aterrador", ha apuntado, asegurando que el rechazo social que esto produce "tiene que tener reflejo en una sentencia condenatoria". "El Ayuntamiento quiere que no vuelvan a ser policías", ha manifestado al Tribunal.
Por su parte, las defensas han reclamado "justicia y no venganza" y han insistido en la nulidad general de todas las actuaciones, desde el inicio del procedimiento, a raíz de unas intervenciones telefónicas practicadas en otra causa. Los letrados de los acusados han impugnado todas las resoluciones que originaron la causa y han cuestionado las declaraciones de los investigadores por "defender a capa y espada lo insostenible".
Han indicado que cuando el juez tuvo que autorizar otras intervenciones telefónicas, lo que supone "limitar" un derecho fundamental, "no contaba con nada desde las conversaciones iniciales", que son "nulas", y han considerado que el juicio ha puesto de manifiesto todas las nulidades denunciadas por las defensas, que llevan, a una sentencia absolutoria.
Es la segunda vez que la Audiencia de Málaga juzga a estos seis acusados, que en el primer juicio fueron absueltos. El Tribunal Supremo revocó el pasado año la primeras sentencia de esta Sala, acordando retrotraer las actuaciones al momento de las cuestiones previas para que se admitiera una prueba --documentación-- propuesta entonces por el fiscal que no se incorporó en su momento.
