Consumo renueva convenios para las juntas arbitrales del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga y del Gobierno andaluz

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha firmado este viernes la renovación de los convenios de colaboración de su ministerio con el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga y con la Junta de Andalucía, rúbrica con la que se renuevan las respectivas juntas arbitrales de consumo que, según ha explicado, "ayudarán a que más consumidores luchen y ejerzan sus derechos".

El Sistema Arbitral de Consumo, que se compone de una Junta Nacional y 71 Juntas de Arbitraje, es un servicio público universal y gratuito a disposición de las personas consumidoras. Permite resolver conflictos entre clientes y empresas sin recurrir a la vía judicial, de manera ágil, rápida, con efectos vinculantes y de obligado cumplimiento.

Para el funcionamiento y modernización de este sistema arbitral,
el Ministerio de Consumo destinará este año 1,3 millones de euros
provenientes de fondos europeos, según ha explicado Garzón, quien ha destacado que esta inversión permitirá modernizar las juntas arbitrales, mejorar sus servicios online y la interconexión de todo el sistema.

El ministro ha defendido que la amplia extensión territorial del Sistema Arbitral guarda relación con "la necesaria cercanía y aproximación al ciudadano" y, por ello, ha agradecido a las instituciones firmantes el compromiso con sus respectivos organismos de arbitraje.

"Necesitamos acercar a la ciudadanía su derecho a una defensa accesible y gratuita", ha expresado Garzón, quien ha celebrado los puntos de encuentro con el Gobierno andaluz, "con independencia del color político" y el trabajo que están haciendo todas demás administraciones en este sentido.

Garzón ha indicado que "el consumo vertebra la sociedad" y ha reconocido que España tiene "un déficit" en cuanto al desarrollo de estas herramientas respecto a otros países europeos, aunque ha reseñado el esfuerzo que se está haciendo, con acuerdos como estos y otras medidas, "que nos señalan con optimismo el camino".

Ha destacado que esta herramientas no solo ayudan a "retirar presión" al sistema judicial, sino que "permiten que se acuerden soluciones al margen de la justicia; son instrumentos gratuitos que mejoran las relaciones de consumo".

Garzón ha firmado dichos acuerdos con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre; y la vicepresidenta cuarta de la Diputación malagueña, Natacha Rivas.

Así, el consejero ha aseverado que este instrumento permite "huir de los litigios judiciales, llegando a puntos de consensos", haciendo especial hincapié en que supone "quitar presión" a la justicia "que tiene muchas causas pendientes y una lentitud que se gana siendo más efectivas con estos laudos" de las juntas arbitrales de consumo.

Ha señalado que son más de 5.000 empresas en Andalucía "las que se han sumado a esa forma de solventar problemas con consumidores y usuarios llegando a laudos", incidiendo en transmitir a la sociedad que "es la forma más efectiva de llegar a un visto bueno por ambas partes" y en darle un impulso para llegar al desarrollo que ya hay en otros países.

El alcalde de la capital malagueña ha indicado, por su parte, que desde 1995 que se constituyó en Málaga son más de 900 solicitudes de arbitraje y 4.000 laudos, asegurando estar "orgullosos en la respuesta en cuanto a satisfacción que los vecinos tienen por esta labor". Además, ha dejado constancia de este esfuerzo municipal que se realiza para el funcionamiento de esta herramienta.

Asimismo, la vicepresidenta cuarta de la Diputación y diputada de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento del Territorio ha dicho que la institución es "conscientes de la importancia de facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos". "La experiencia positiva de más de dos décadas avala a la Diputación para seguir dando respuesta a las necesidades de los malagueños en materia de consumo", ha afirmado Rivas.

Además, ha indicado que solo en lo que va de año, la Diputación ha recibido un centenar de solicitudes de arbitraje, "las cuales se están tramitando con la agilidad y eficacia necesarias para posibilitar la adecuada atención a la ciudadanía de la provincia de Málaga".

El Sistema Arbitral de Consumo es una red institucional que evita que los conflictos entre consumidores y empresas se sustancien ante los tribunales de justicia. Por ello, el sistema mantiene las mismas garantías y principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad que un procedimiento judicial.

Además, es necesario que los árbitros únicos o el colegio arbitral tengan un conocimiento pleno del conflicto, en particular a través de las audiencias en las que participan las partes, los árbitros y las propias Juntas Arbitrales.

El número de solicitudes de arbitraje que tramitan las Juntas Arbitrales de Consumo es cada vez mayor. Solamente entre los años 2019 y 2020 recibieron cerca de 120.000 solicitudes. Para el Ministerio de Consumo el crecimiento del arbitraje está relacionado con una mayor conflictividad en las relaciones de consumo, pero también a un mayor conocimiento de los mecanismos de protección que tienen los consumidores.