La empresa que llevó la campaña al PES denunció cobros en negro y a través de terceras sociedades

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa que gestionó la campaña publicitaria del Partido Estepona (PES) para las elecciones de 2007 denunció ante el Tribunal de Cuentas cobros de más de 40.000 euros "en negro" y unos 62.300 euros abonados supuestamente por medio de otras sociedades, según se desprende de los documentos incluidos en varios tomos del sumario del caso 'Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción de Estepona (Málaga).

Los responsables de la productora y agencia de publicidad contratada para dichos trabajos aseguraron en sus respectivas declaraciones en calidad de testigos, que constan en la causa, que "inicialmente firmaron un contrato en el que establecía 30.000 euros por la creatividad y a partir de ahí presentaron presupuestos para todo aquello que pedían".

"Las primeras facturas" según los testigos "se pagaron desde el PES con facturas al PES, mediante transferencia bancaria", posteriormente, continúan, fueron miembros del citado partido los que le dijeron que "ya el PES no podía hacer frente a esas facturas por lo que tenían que pagarle a través de otras empresas lo que llegaron a hacer efectivamente".

En total, esta empresa que gestionó parte de la campaña publicitaria facturó 170.000 euros, si bien estiman que el coste total de la campaña "superó el medio millón de euros ya que contrataron a otras empresas de publicidad, espacios publicitarios, conciertos, merchandising, etcétera", según se recoge en una de las declaraciones.

Según los testigos, fue el exconcejal Manuel Reina --imputado y en libertad bajo fianza de 150.000 euros--, el exgerente de Urbanismo Pedro López, también imputado, y otro miembro del PES Alfonso Servia "los que le dijeron que ya el PES no podía hacer frente a esas facturas".

Estos pagos fueron denunciados por la empresa que gestionó la campaña electoral del PES ante la unidad de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos del Tribunal de Cuentas en julio de 2008, explicando que, además de los pagos por parte de empresas, supuestamente también se producían otros "sin que fuera abonado el IVA correspondiente".

Según el escrito de denuncia presentado por la empresa, esa forma de pago "en B parecía práctica habitual en la forma de pago del PES, ya que delante de algunos de los empleados de esta entidad se pagaron --sin documentar-- conciertos" de dos artistas. Uno de los responsables de la firma aseguró en su declaración que presenció cómo Servia "entregaba dinero en metálico, entre 15.000 y 18.000 euros al representante de una cantante" que se negaba a actuar en un principio porque no se les había pagado.

El escrito de denuncia, recogido en el tomo 22 del sumario, al que tuvo acceso Europa Press, fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, quien solicitó en ese momento al juzgado instructor la incorporación a la causa de la documentación presentada por los denunciantes, precisando que las empresas que supuestamente pagaron determinadas cantidades fueron "posiblemente favorecidas por contratos o concesiones administrativas del Ayuntamiento".

LEVANTAMIENTO

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, Jesús Torres, ha acordado el levantamiento del secreto de la totalidad del sumario, al entender que "están marcadas todas las direcciones de investigación que confluyen en un punto común", como son "los sendos delitos contra la administración pública y otros perpetrados en el entorno del Ayuntamiento".

Señala que ya están "delimitadas" dichas líneas, tras realizarse comisiones rogatorias a Andorra, Reino Unido, Suiza, Marruecos y República Checa, según la resolución que acuerda el levantamiento, a la que tuvo acceso Europa Press. También se precisa que se ha tomado a lo largo de julio y agosto declaración a los nuevos imputados en la causa y también a testigos.

Se añade que se han peritado siete convenios urbanísticos, aunque se precisa que se tienen que estudiar pericialmente un mayor número de convenios. No obstante, el instructor concluye que "ya no existen motivos para decretar el secreto de las actuaciones", sino que "resulta imperioso ahora y dado el tiempo transcurrido, el levantamiento del secreto de las actuaciones".