El Gobierno amplía a Málaga el servicio de legalización de documentos académicos oficiales

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Málaga se ha incorporado desde el pasado 1 de junio a las sedes del Administración General del Estado donde se pueden legalizar documentos académicos oficiales, un trámite que hasta ahora sólo se podía realizar mediante cita previa en el Área de Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, localizada en Sevilla, y desde el abril de 2021 en la Subdelegación del Gobierno en Granada.

Así, se persigue acercar la administración a la ciudadanía, facilitando el acceso a los servicios públicos independientemente del lugar de residencia, han informado desde la Delegación del Gobierno en Andalucía a través de un comunicado.

Por este motivo, ya en abril del pasado año la Subdelegación de Granada incorporó esta posibilidad a su carta de servicios y desde el 1 de junio también se puede tramitar en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, ubicada en el Paseo de Sancha, 64, a través de cita previa, y dado que la ciudad de Málaga cuenta con una Gerencia Territorial de Justicia.

La legalización de documentos académicos universitarios oficiales originales que han de surtir efectos en el extranjero es un proceso convenido con carácter internacional, que requiere previamente el reconocimiento de firmas por parte de las correspondientes autoridades españolas.

Se trata de un trámite previo al proceso de legalización por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y, en su caso, del Ministerio de Justicia para documentos académicos como títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, expedidos por los rectores de las universidades.

También se refiere a títulos de Educación Superior y de Postgrado, expedidos por el Ministerio de Educación; certificaciones académicas oficiales de estudios conducentes a la obtención de los títulos mencionados en los anteriores apartados; así como certificaciones expedidas en el Ministerio de Educación acreditativas del cumplimiento de las condiciones de titulación exigidas por Directivas del Consejo de las Comunidades Europeas.

Las Áreas de Alta Inspección de Educación de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas son las competentes para reconocer y verificar las firmas de dichos documentos.

Así, para los casos en que la legalización vaya a tener efecto en alguno de los estados parte de la Convención de La Haya de 1961 (en la actualidad 120), tras el trámite del reconocimiento de firma, el o la interesada (o persona autorizada) solo tendrá que acudir a la Gerencia de Justicia, donde se colocará la Apostilla de la Haya.