Imputados por cursos del SAE defienden que la formación se impartió

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado este viernes declaración como imputados a dos profesores y una coordinadora de un centro de formación dentro de la causa por supuesto fraude en las subvenciones para cursos a desempleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con compromiso de contratación. Han defendido que el curso se impartió y se desarrolló dentro de la legalidad.

En este caso, a esta empresa se le concedieron unos 131.000 euros dentro de la convocatoria del 15 de diciembre de 2010, aunque se ha pagado el 75 por ciento; para un módulo de soldadura con unos 15 alumnos. Los investigadores sostenían inicialmente, en uno de sus informes, a los que ha tenido acceso Europa Press, que esta empresa, a la que se concedió en 2009 otra ayuda, fue creada "con la única finalidad de la percepción de las subvenciones de formación".

Así, uno de los profesores, hijo del propietario de la empresa que tendrá que declarar el 5 de mayo, ha señalado en su declaración que la empresa se constituyó para dar cursos y que el módulo se impartió, siendo él el responsable de la parte práctica para lo que tiene la titulación exigida, mientras que su padre era el que llevaba el tema de las subvenciones y contrataciones. Su primo impartía diseño gráfico.

Ha indicado que algunos alumnos fueron contratados, pero otros encontraron trabajo y firmaron la renuncia; y ha señalado que hubo dos cursos, uno en 2009, donde sí fue un inspector; y otro en 2011, donde "no hubo ninguna inspección", aunque ha incidido en que sí se llevaba un control de los alumnos por parte del propio centro, ya que incluso cuando uno no asistía se daba cuenta a la coordinadora y se contactaba con él.

El docente ha aseverado, según consta en la declaración, que no tiene ninguna relación con nadie del SAE ni sabe sobre la gestión de las ayudas y ha insistido en que tiene 16 años de experiencia en soldadura y en que se tuvo que sacar un curso específico de formador ocupacional por la Junta de Andalucía para poder impartir las clases. Asimismo, ha indicado que trabajaba para otra empresa familiar, pero que no le plantearon incompatibilidad.

A la coordinadora se le ha preguntado por la gestión de los cursos y por la empresa en sí y el control ejercido por parte de la Administración andaluza, respondiendo que se cambiaba de técnico a lo largo del módulo, pero que nadie fue a ver el desarrollo. Asimismo, según ha manifestado ella misma a los periodistas, ha indicado que se tuvo que hacer una inversión en las instalaciones para poder impartir la formación.

Esta sería una de las 17 empresas que obtuvieron subvenciones --por algo menos de dos millones de euros-- en la convocatoria del 15 de diciembre de 2010 en la que los investigadores detectaron irregularidades de distintos tipo. Los tres que han comparecido este viernes, junto con el titular de la empresa, se negaron a declarar en Comisaría cuando fueron detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Esta causa comenzó a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía por parte de la sección de la Seguridad Social de la UDEF, que apuntó una supuesta falta de justificación en los cursos de los planes de promoción del empleo del SAE con compromiso de contratación, y también de control posterior. Se investigan posibles delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias.