MÁLAGA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El interventor del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) aseguró en el juicio por el caso 'Minutas', sobre presuntas irregularidades en los encargos realizados al letrado José María del Nido por el Consistorio marbellí, que el primer informe que emitió sobre la contratación de asesores externos fue en 2001 "porque llegó un momento en que la intensidad de las minutas que se venían presentando requería otro tratamiento".
"Ya no era un acto aislado, que se podía llamar a un abogado que fuese idóneo para ello o que estuviese dispuesto, ya era un número tan reiterado lo que había de informes que dije 'debe tener un freno'", apuntó el testigo, quien consideró que la decisión de designar a una persona para coordinar los trabajos frente a la fiscalización que inició el Tribunal de Cuentas debería haber sido tomada en el pleno municipal.
Así, dijo no recordar que le pasaran para informar la contratación concreta de Del Nido, aunque sí afirmó que se pronunció sobre los trabajos concretos realizados con relación a la fiscalización. Incidió en que "estas contrataciones, si se hicieron por escrito, que ahora no lo recuerdo, se harían en unos momentos en los que yo no estaba presente y no pude hacer una manifestación".
El interventor aseguró que fue suspendido de empleo y sueldo por haber facilitado al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Anticorrupción información que "era incorrecta, dijeron", y apuntó que la realidad era "por deslealtad, no al Ayuntamiento, sino a las personas que lo gobernaban, en concreto la figura de Jesús Gil", entonces alcalde.
En este punto, indicó que al primer organismo le entregó cerca de 90 informes contra decisiones del Ayuntamiento, de forma que "cumplí un deber como funcionario". A la Fiscalía, le facilitó en enero de 1999 un informe sobre "medidas drásticas" que se estaban tomando, al considerar que había "inexistencia de controles" de las sociedades municipales, lo que suponía "un problema muy grave".
GIL
Dijo que Gil no era escrupuloso en el cumplimiento de la ley, pero sí era "pragmático" y consideró que "el contenido de la norma jurídica no era muy recogido por sus actuaciones", de forma que creó una serie de organismos externos, como eran las empresas municipales, a través de las que "gestionó Marbella", dejando el Ayuntamiento como tal "reducido a actuaciones netamente políticas y oficialistas".
Además, aseguró que el ex alcalde marbellí había asuntos en los que se sometía a la ley, "aunque si podía evitarla porque pensara que la gestión era más eficaz. A veces actuaba así, a lo mejor no porque quería cometer una maldad, sino porque tenía una forma muy singular de entender los asuntos públicos".
"Era muy difícil de comprender si estaba actuando de buena fe o encerraba algo dentro", manifestó el interventor, quien apuntó que durante el año 2000 estuvo "bastante afectado de arritmias por los disgustos, las tensiones y los sobresaltos en el trabajo". Entendió que el no aparecer en documentos ni presidiendo órganos de gobierno era "una forma de eludir responsabilidad".
Cuestionado por el fiscal por si había manera de contrastar si la contratación de un asesor para esta función, "con evidente impacto económico", servía para proteger el interés público o era para defender intereses privados, respondió que "debió existir una relación de confianza profesional en la persona de Del Nido", aunque no pudo responder sobre las finalidades expuestas por el fiscal, "porque la decisión no la tomé yo".
Consideró que "si se hubiese hecho un concurso público para la selección de aquella persona idónea para poder llevar a cabo tal actuación no hubiera dado tiempo de su contratación en tiempo adecuado", aunque aseveró que para ese trabajo completo habría requerido de la tramitación de un expediente de contratación "y de la competencia del pleno, además, indelegable".
