Un investigado en el caso 'Edu' dice que la empresa quebró antes de recibir el anticipo

MÁLAGA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado declaración a dos investigados en la causa por el presunto fraude en las subvenciones para cursos a desempleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu'. Uno de ellos, según fuentes judiciales, ha dicho que la formación no se realizó y que la empresa había quebrado antes de recibir el anticipo de la Junta de Andalucía.

   Este investigado era el responsable de un centro de formación que, según los informes de los investigadores, tenía en 2010 procedimientos por deudas en la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, así como un expediente por parte del SAE, a pesar de lo cual se le concedió ese año una ayuda de 79.900 euros para un curso de administrativo comercial, por el que se le ingresó como anticipo más de 50.000 euros.

   El imputado ha señalado, según han indicado a Europa Press las mismas fuentes, que solicitó dos aplazamientos porque no podía realizar el curso por problemas económicos y que supuso que la formación estaba anulada, aunque nadie se lo comunicó oficialmente; así como que la Administración sabía que no se iba a realizar, por lo que no pensó que se iba a ingresar el dinero.

   Así, ha asegurado, según las fuentes, que ninguno de los responsables de la empresa se quedó con el anticipo porque cuando se ingresó, le llamaron desde el banco para decirle que embargaban la cantidad al tener saldo negativo en la cuenta.

   Respecto a la segunda persona citada por el juzgado, vinculada con una empresa que impartió un curso de cocina, por el que se concedió una subvención de 103.000 euros en la convocatoria del 4 de noviembre de 2010, ha declarado que se incumplió el compromiso de contratación porque los alumnos no fueron a la notaría donde se les había citado para ofrecerles los puestos de trabajo, pero que sí se ofertaron. Además, ha dicho que no fueron inspectores a supervisar el curso.

   Éstas son otras de las empresas investigadas por la UDEF que obtuvieron subvenciones en las convocatorias, con compromiso de contratación, del 15 de diciembre de 2010 y del 4 de noviembre del mismo año. En el marco de estas diligencias ya han comparecido ante el juzgado instructor una veintena de personas, relacionadas con distintas sociedades.

   En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal apunta en sus pesquisas iniciales a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior de los mismos por parte de la administración.

   Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.

   Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectar falsedades en partes de asistencia, así como falta de control de la Administración durante el desarrollo del curso y en la liquidación de las subvenciones.