MARBELLA (MÁLAGA), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha anunciado este jueves en el Parlamento que el Gobierno Autonómico y el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) han alcanzado un acuerdo para la cesión de un inmueble que albergará los juzgados del municipio, repartidos en la actualidad en tres sedes.
En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento cede a la Junta un edificio a medio construir con acceso desde la Autovía A-7 próximo al Hospital Comarcal Costa del Sol y que fue propiedad del exasesor de Urbanismo y condenado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca.
La consejera ha señalado que, una vez el equipo de gobierno de Marbella culmine los trámites para la cesión del edificio, ambas administraciones firmarán un protocolo general de actuación para que la Junta unifique las sedes judiciales en el inmueble. Tras la firma del acuerdo seguirán los trabajos para adecuar el edificio a su uso como equipamiento judicial, ha agregado Aguilar.
"Es un momento de enorme satisfacción para esta consejería, porque supone un avance clave, imprescindible, para que una ciudad de la importancia de Marbella pueda contar, por fin, con las instalaciones judiciales que necesita", ha señalado la consejera.
El grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía ha destacado en una nota de prensa que ha sido el diputado Carlos Hernández el que ha elevado la cuestión a la comisión de Justicia y en cuya respuesta la consejera ha anunciado el acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento.
Según Hernández, el grupo parlamentario de la formación naranja y la agrupación de Marbella han solicitado desde octubre a la Junta que busque una solución para la situación en la que se encuentran los juzgados de Marbella y el coste de 500.000 euros al año por el alquiler de las dependencias, al que se suman los gastos de seguridad o limpieza.
Hernández y miembros de la agrupación local de Ciudadanos se reunieron en octubre con el juez decano de Marbella, Ángel Sánchez Martínez, quien les trasladó, según la formación naranja, las carencias de un partido judicial que atiende a una población de 250.000 personas.
