Un juzgado de Málaga anula la retirada de permiso de conducir a una persona con problemas de salud mental

MÁLAGA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga ha anulado la retirada del permiso de conducir a una persona con problemas de salud mental, tras estimar el recurso presentado por esta contra una resolución de Tráfico, que la magistrada considera "inválida" por la "falta de motivación por ausencia de motivos" que presenta.

Según han informado desde la Confederación Salud Mental España y la federación andaluza, esta persona presentó en 2021 su solicitud anual de renovación del permiso y propuso espaciar los controles médicos porque llevaba más de diez años estable y en seguimiento clínico continuado, renovando de forma ininterrumpida el permiso desde 2009 y "sin haber tenido incidente alguno".

Pero, la Jefatura Provincial de Tráfico rechazó su propuesta y, además, le retiró el permiso de conducir de forma "irreversible", han señalado estas organizaciones a través de una nota, en la que han indicado que esta decisión se tomó "pese a que la persona estaba clínicamente estable, mantenía un proyecto de vida activo y dependía del permiso para desplazarse a su lugar de trabajo".

La representación del recurrente alegó que la resolución se basó en un informe de un inspector médico que "de manera escueta y telegráfica", recoge la sentencia, consultada por Europa Press, aludía a que presentaba situaciones de salud incluidas en los anexos correspondientes del Reglamento General de Conductores. Un documento "con ausencia de razonamientos", dice la magistrada.

Frente a esto, según la jueza, esta persona presenta su historial clínico y una pericial de especialistas en psicología y psiquiatría del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que han seguido su estado, y que "con contundencia y concreción" manifestaron en el juicio la "estabilidad mental del recurrente, la reversabilidad de la gravedad y su situación actual apta para la utilización de vehículos a motor".

Según la sentencia, "una resolución sin motivación, basada en un informe escueto puede ser invalidada o nula porque viola el derecho fundamental al debido proceso y la exigencia de que las decisiones administrativas estén justificadas por razones de hecho y de derecho". "Y eso ocurre en el presente caso", según la resolución, que es firme.

Así, incide en que el inspector médico "no ha realizado un examen presencial" de esta persona y "no aduce de dónde extrae sus conclusiones", frente a los especialistas; por lo que apunta a "una falta de motivación por ausencia de motivos" que lleva a un resultado "insuficiente, incongruente y carente de razonabilidad" y a estimar que la resolución administrativa "ha de considerarse inválida".

Desde las confederación y la federación de salud mental han apuntado que la retirada del permiso provocó "un impacto severo" en esta persona, como fue la pérdida del empleo como operario y ruptura de un proyecto de vida autónomo, "generando una situación de indefensión al impedirle, incluso, solicitar futuras renovaciones del carné de conducir".

La sentencia, de finales de 2025, ordenaba a la administración competente que realizara una nueva valoración de las aptitudes psicofísicas actuales del recurrente, necesarias para obtener y prorrogar el permiso de conducir, "recabando informe motivado" y con revisión de la situación médica y clínica "presencial" antes de dictar una nueva resolución al respecto.

En estos momentos, según los colectivos de salud mental, esta persona "está de nuevo en posesión de su carné de conducir, que tendrá que renovar con revisiones periódicas cada seis meses". La defensa jurídica ha sido asumida por el letrado Eladio Rico, abogado del demandante y vinculado al movimiento asociativo de Salud Mental España, quien destaca la trascendencia del fallo.

"Esta sentencia evita profundizar en el estigma que aún afecta a muchas personas con diversidad funcional o problemas de salud mental. La resolución de Tráfico se adoptó sin evaluación presencial, sin razonamiento clínico y sin garantizar el derecho básico a una valoración individualizada", ha asegurado el abogado.

Por su parte, la persona afectada ha asegurado en la nota que la retirada del permiso de conducir le afectó "profundamente"; "perdí mi empleo estable, no pude hacer frente al pago del coche que acababa de adquirir y mi salud se deterioró hasta requerir dos ingresos hospitalarios". "Recuperarlo, después de cuatro años de espera y lucha, fue un enorme alivio", ha apuntado.

Asimismo, ha agradecido a todas las personas que le han acompañado durante este proceso, "especialmente a Ana Mingorance, asesora jurídica de la Federación Salud Mental Andalucía, y al equipo del Hospital de Día de Antequera, cuyo apoyo ha sido fundamental".

Al respecto, Mingorance ha incidido en que este caso "evidencia que el estigma está presente en todas las instituciones y en todas las parcelas de la vida y afecta gravemente a la vida de las personas con problemas de salud mental". Esta persona "es ejemplo claro de resiliencia, porque este proceso ha estado repleto de infortunios procesales y personales", ha finalizado.

Desde la confederación y la federación señalan en el comunicado que se estudia ahora la presentación de una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado "por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución revocada".

Irene Muñoz, asesora jurídica de la confederación ha recalcado que "esta sentencia pionera se pone del lado de la dignidad de un sector de la población que está especialmente expuesto a sufrir conductas discriminatorias a causa de los prejuicios en materia de salud mental".

En este sentido, ha esperado que "constituya un instrumento más para salvaguardar los derechos de todas estas personas y, al generar conciencia sobre las injusticias que sufren y las barreras que enfrentan, sirva para impulsar impactos positivos a nivel colectivo y obtener efectos multiplicadores a todos los niveles".

Desde Salud Mental España han reivindicado "más formación, concienciación y sensibilización en salud mental para erradicar el estigma en las administraciones públicas, que se traduce en que las personas con discapacidad psicosocial sean discriminadas y pierdan oportunidades de desarrollar un proyecto de vida digno, con el sufrimiento que ello conlleva para la persona y su entorno".