Málaga.- Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre propone un plan de restauración para resolver el conflicto de las canteras

Europa Press Andalucía
Actualizado: miércoles, 4 enero 2006 17:20

MALAGA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ofreció hoy la posibilidad de que los empresarios de las canteras de la localidad cerradas por no tener licencia presenten un plan especial de restauración por el que los trabajadores tendrían asegurada su actividad durante "al menos" siete años.

Según Villanova, este plan también permitiría que se produjeran áridos para el mercado. Recordó que las empresas extractivas tienen depositados unos avales para la restauración que se realizaría una vez concluida la explotación, y que como no se ha llegado a ese final, sino que la explotación está en torno a un 40%, "tienen que volver a presentar un plan de restauración distinto".

Este plan reportaría materiales para la empresa obtenidos a través de la propia restauración de la superficie de la que se extraían los áridos, y éstos podrían tratarse aunque la cantera esté clausurada, porque poseen una "licencia de machaqueo", aunque no se pueda seguir extrayendo.

Asimismo, pidió a los sindicatos, "especialmente a CC.OO., que flexibilicen la presión que se está ejerciendo sobre el pueblo, que está sufriendo en sus carnes la presión de los trabajadores en la calle y en todos los actos públicos que han tenido que ser anulados", aunque aseguró que no suspenderán la cabalgata de Reyes.

Villanova manifestó que es la primera vez que en Málaga el cierre de cuatro canteras por sentencia judicial, de las que sólo dos permanecían activas, ha provocado que durante este mes no sólo haya subido el paro en el sector de la construcción, sino que "posiblemente se están empezando a sentar las bases de un caos social y económico para la próxima semana con la huelga del sector de la construcción del día 9".

Aseguró que las consecuencias de este conflicto "son enormes", ya que hay más de 40.000 viviendas paralizadas, así como las obras públicas de la provincia y unos 25.000 trabajadores perjudicados. Además, la huelga del lunes podría afectar a más de 100.000 personas.

"Bajo ningún concepto la responsabilidad es del Ayuntamiento o del alcalde de Alhaurín de la Torre", porque "si tuviéramos recursos para poder evitar esta situación ya lo habríamos hecho", afirmó Villanova.

En este sentido, recordó que ya han ofrecido cinco posibles soluciones legales para que la Junta las adopte para resolver el problema con la ayuda del Ayuntamiento, una resolución que a su juicio "no es de un día ni de dos, sino de siete u ocho meses, salvo que fueran por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta".

Finalmente, consideró que "si la provincia de Málaga necesita áridos, la Junta de Andalucía tendrá que poner todos los medios sobre la mesa para resolverlo, y el Ayuntamiento le ayudará".

Por su parte, el presidente del PP de Málaga, Joaquín Ramírez, aseguró que las canteras son un "sector estratégico" para la provincia, ya que "la construcción se ha convertido en la primera industria" de ésta.

Así, manifestó que se ha llegado hasta esta situación porque "hay una plataforma anticanteras compuesta por el PSOE e IU de Alhaurín de la Torre, que han llevado a los tribunales a estas explotaciones, obteniendo una sentencia que declaraba a cuatro canteras ilegales".

Para Ramírez, "el PSOE de Málaga ni está ni se le espera" en este conflicto, mientras que sí han intervenido en relación a este asunto representantes de la Junta de Andalucía en Málaga, quienes "hablan, en frases vagas, de respaldo; en otros momentos más agrios de que la responsabilidad es de Villanova e, incluso, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, instó a los empresarios del sector a que presentaran actuaciones judiciales contra el alcalde de Alhaurín de la Torre para que lo inhabilitaran por daños al patrimonio".

"Nosotros creemos en el desarrollo sostenible, en la creación de riqueza y puestos de trabajo y en que el sector de la construcción, de forma ordenada, debe continuar siendo importantísimo para la provincia", por lo que aseveró que "no estamos en contra de las actividades del sector de la construcción ni de las canteras, pero estamos a favor de la ley y si una sentencia judicial dice que el regidor de la localidad tiene que decretar el cierre en un plazo determinado, éste cumple la sentencia y decreta el cierre".

LICENCIAS

Según Ramírez, "Villanova estaría encantado de dar las licencias municipales si pudiera, pero hay unas normas subsidiarias que lo impiden", al tiempo que recordó que en estos momentos "no tiene más competencias que las municipales, que le dicen que no puede sin incurrir en un posible delito de prevaricación".

Además, añadió que el PSOE e IU de Alhaurín de la Torre presentaron en el registro del Ayuntamiento una moción instando a Villanova a abrir un expediente sancionador contra las canteras declaradas ilegales por no tener licencia y otro expediente de restablecimiento de la legalidad conculcada, es decir, "que exigen que abran un expediente sancionador a las canteras declaradas ilegales y que los sancione económicamente por los beneficios obtenidos durante todo el tiempo de explotación".

Por todo ello, mandó "un mensaje de mano tendida" a la Junta, "para que nos reunamos y, entre todos, encontremos una solución". Así, hizo referencia a la decisión del Gobierno autonómico balear de, en una situación similar, regularizar las canteras que no tienen licencia municipal, declarándolas de interés general desde el 1 de enero.

"La competencia de las canteras es exclusiva de la Junta", afirmó Ramírez, al tiempo que aseguró que el Consistorio alhaurino sólo podrá otorgar las licencias "cuando exista la claridad de que están en una zona permitida por la Administración competente". En este sentido, recordó que en lo que conocen del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la zona "no contempla la zona de canteras como canteras ni como zona minera, sino como zona protegida".

"Qué manera de dar soporte legal a la actuación del alcalde", consideró Ramírez, quien apuntó que "si el POT dice que es zona protegida, al darle la licencia municipal, se incurriría en un delito".

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