MÁLAGA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Todos los imputados en el caso 'Astapa' para los que se decretó libertad provisional bajo fianza han abonado a día de hoy la cantidad impuesta por la jueza encargada del caso contra la corrupción urbanística municipal en Estepona (Málaga), Isabel Conejo, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
El abogado Juan Simón fue el último en abonar hoy la cantidad de 300.000 euros impuesta por la instructora, aunque éste había solicitado una rebaja. En total, hasta el momento, la suma de las fianzas supera la cantidad de 2,3 millones de euros.
Así, en primer lugar hicieron efectivas sus fianzas el empresario Vicente Delgado y su hermano Félix, ambos con 100.000 euros, el presidente del grupo Prasa, José Romero, 300.000 euros; el arquitecto municipal Ignacio de la Hoz, con 50.000 euros, Ana María Crespo, con 30.00 euros, y J.L C.A, con la misma cantidad.
Asimismo, Antonio Bazán, al que se le impuso 300.000 euros; Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de Valle Romano, con la fianza más alta, de 500.000 euros, y los letrados de Bilbao, Armando Pérez y Daniel Delgado, ambos con fianza de 100.000 euros, también hicieron efectivas dichas cantidades.
Posteriormente, pagaron el arquitecto Arturo Cebrián la cantidad de 30.000 euros; el empresario Manuel Barroso, 15.000 euros; el ex gerente de Urbanismo Pedro López, 300.000 euros, y los concejales Francisco Zamorano, Marisa Rodríguez y Asunción López, con 50.000 los dos primeros y 30.000 euros, la última.
Ayer mismo, también hizo efectiva su fianza de 30.000 euros la edil de Educación en el Ayuntamiento esteponero, María Victoria López, y sólo quedaba pendiente la fianza de Juan Simón, que pidió esa reducción de la cantidad, aunque finalmente fue pagada en su totalidad.
La operación policial, desarrollada desde el pasado día 17, se saldó con 26 detenidos, de los que ingresaron en prisión el ex alcalde, Antonio Barrientos; su jefe de Gabinete, José Flores; los concejales del Partido Estepona (PES) Manuel Reina y José Ignacio Crespo, y el técnico del Área de Urbanismo Javier Wittmeur. Del resto, 18 quedaron en libertad provisional con fianza y tres, con cargos pero sin fianza.