MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las dos asociaciones mayoritarias de jueces rechazaron hoy las críticas que tachan de permisividad con la trama de corrupción en Marbella (Málaga) al poder judicial e hicieron "un llamamiento" a los poderes públicos "para asegurar que los juzgados que instruyen estas causas contarán con los medios necesarios".
En un comunicado remitido a Europa Press, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) criticó "que se trate de reprochar" a los tribunales de justicia "una cierta conducta permisiva" y recordó que los tribunales actúan "siempre" sujetos al principio de legalidad "y no de oportunidad", por lo que "para que pueda actuar" debe pedírselo "quien esté legitimado".
En este sentido, la APM explicó, "para evitar que la limpieza y honradez de los magistrados pueda verse en entredicho", que si no se lo solicita "quien está legitimado", "la responsabilidad es sencillamente de quien pudiendo hacerlo no lo ha pedido, impidiendo así la actuación de los tribunales".
Por su parte, el Secretariado de Jueces para la Democracia (SJD) reclamó a todas las administraciones públicas que "arbitre las medidas precisas para asegurar que los juzgados que instruyen" la investigación en Marbella "contarán con los medios necesarios".
SJD recordó que en muchos casos algunas instrucciones de importancia "embarrancan" por falta de medios y exigió que las administraciones públicas no permitan que suceda en este caso. "Hay que garantizar un trabajo judicial que permita investigar lo sucedido con rapidez y eficacia, asegurando al tiempo las garantías procesales de los implicados", aseguró.
A su juicio, "interesa a todos los demócratas atajar cualquier asomo de corrupción" y recordó que "el Estado de Derecho tiene que existir, y sus normas aplicarse, en todo el territorio nacional", ya que "muchos años han pasado en esa zona sin que se percibiera por algunos y ahora es un buen momento para remediar tal sensación de impunidad".
"Para ello, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia y la Junta de Andalucía han de actuar coordinadamente, atendiendo las peticiones que hagan los juzgados de Marbella, que por su carga de trabajo ya padecen una situación ciertamente complicada, situación que la tramitación de un asunto como el ahora investigado puede agravar", concluyó.