Málaga.-Junta dice que es el Ayuntamiento el que debe acordar con los vecinos de García Grana el cambio de los contratos

MALAGA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Málaga, José María Ruiz Povedano, aseguró hoy que es el promotor de los inmuebles sociales de la barriada García Grana, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) --dependiente del Consistorio de la capital--, el que debe llegar a un acuerdo con los vecinos para transformar los contratos de arrendamiento suscritos en otros de compraventa.

Povedano respondía así al equipo de gobierno del PP en el Consistorio malagueño, después de que en el consejo rector del IMV se acordase el pasado 22 de marzo instar a la Junta a que inicie los trámites legales necesarios para que el Instituto Municipal de la Vivienda pueda modificar los contratos de forma que los vecinos de los nuevos edificios de García Grana accedan a la compra de sus viviendas, teniendo en cuenta para ello los fondos que ya han dado en concepto de alquiler.

Según indicó el delegado en un comunicado, esto podrá hacerse cuando hayan transcurrido 10 años desde la calificación definitiva del expediente, permaneciendo el individuo en los últimos cinco, y que la opción de compra sólo llegue al 50% de la promoción.

Precisó que la posibilidad de que el promotor llegue a un acuerdo con los vecinos es una excepción a raíz de la última normativa "con carácter individual". Así, señaló que "si las partes que han suscrito cada uno de los actuales contratos de arrendamiento lo acuerdan, podrán añadir a los mismos una cláusula o addenda en la que se recoja la intención mutua de transformar el actual contrato de arrendamiento en otro de compraventa tan pronto como lo permita la normativa en vigor".

Povedano consideró, además, que nada se opone a que dentro de este protocolo de intenciones la parte vendedora compute como formando parte del precio de la vivienda las cantidades que el individuo hubiera satisfecho en concepto de renta e, incluso, siempre que ambas partes convengan en ello, que sean computables a los mismos efectos las rentas abonadas por el alquiler en la antigua barriada, hoy demolida.

Respecto al precio al que pueden ser vendidas, recordó que la normativa fija un tope máximo para las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen especial, aunque la parte vendedora y la compradora siempre pueden pactar un precio inferior.

El delegado provincial de la Junta dio respuesta, a través de sendas cartas enviadas los días 9 y 29 de marzo al alcalde, Francisco de la Torre, y a la concejala de Vivienda, María Victoria Romero, a las consultas que a este respecto le habían formulado tanto ésta última como el gerente del IMV, Francisco Carmona.

En dichas misivas, se informó al Consistorio de que, en la actualidad, "no es posible transformar con carácter general el régimen jurídico de las viviendas de referencia toda vez que fueron promovidas en régimen de arrendamiento, lo que comporta que la entidad promotora tenga reconocidos unos beneficios distintos y muy superiores a los que corresponderían si fueran de compraventa".

El sistema de financiación elegido por el Instituto implica un préstamo cualificado que deberá amortizarse en el plazo de 25 años y hace preciso que se mantenga durante ese periodo el régimen de alquiler para las viviendas que fueron financiadas con dicho dinero.

Asimismo, resaltó que junto a la información proporcionada en estos escritos, propuso a Romero celebrar una reunión de trabajo "al objeto de aclarar cualquier duda", y, además, Ruiz Povedano se reunió con los vecinos de la barriada, que habían planteado a la Junta sus deseos de acceder a la propiedad de las viviendas, informándoles sobre la viabilidad de establecer un nuevo régimen si ellos y el IMV lo consideran conveniente.