MALAGA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga anunció que ha encargado un informe a la Gerencia de Parcemasa acerca de la quema en un solar de 12 ataúdes procedentes de las exhumaciones del clausurado cementerio de San Miguel, del que dará cuenta a los grupos de la oposición en un consejo de administración de la empresa que podría tener lugar esta misma semana. Por todo ello, los populares rechazaron crear una comisión de investigación como planteó el PSOE en el pleno de hoy.
La concejala responsable de Parcemasa, Carolina España, aseguró que el informe estará en "24 ó 48 horas", por lo que "en esta semana se celebrará el consejo de administración y allí tomaremos las medidas y las decisiones oportunas".
España, quien pidió que "no se utilice este asunto como arma política", justificó también la negativa de su grupo a constituir una comisión de investigación diciendo que este asunto ya está siendo visto por la Policía Nacional y la Consejería de Salud, así como que, al final, "se iba a politizar y a instrumentalizar".
DOS DIAS Y ATAUDES SIN RESTOS
Reiteró que se ha tratado de "un error, que nunca volverá a repetirse", e informó de que las quemas se hicieron sólo dos días --el 19 y el 23 de enero--, así como que los ataúdes estaban vacíos y no había restos cadavéricos.
La edil del PP responsabilizó de lo sucedido al director del servicio, que cometió "una clara negligencia", ya que tomó la decisión sin consultar al gerente, Rafael Toval, ni tampoco a ella, y añadió que si la incineradora que se utiliza para estas tareas en el cementerio de San Gabriel estaba saturada de trabajo desde que el pasado mes de noviembre tuvo una avería, lo normal hubiera sido llevar los féretros allí y esperar a que se pudieran quemar.
"Es un error humano que se deberá sancionar, pero ya está", resaltó España, quien reconoció que se podría haber vulnerado el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, lo que conllevaría una sanción.
En este sentido, indicó que, según el proceso seguido para las exhumaciones que se están acometiendo en San Miguel con el objetivo de hacer de este espacio un cementerio monumental, los féretros se envían a San Gabriel en un contenedor y los restos, en otro, siempre, precisó, que no hayan sido reclamados por los familiares.
SERVICIO ASUMIDO POR PARCEMASA
Estas tareas, según explicó España, las lleva a cabo personal de Parcemasa tanto en San Gabriel como en los cementerios de El Palo y Churriana, siendo únicamente en San Miguel donde hay una empresa subcontratada, que, no obstante, precisó que está controlada por trabajadores de la sociedad municipal. De todos modos, dijo que se está estudiando la posibilidad de que en este camposanto también ésta última se haga cargo de dicha labor.
La portavoz socialista, Marisa Bustinduy, defendió la constitución de una comisión de investigación para clarificar estos hechos, "quién ordenó que se realizaran, la identidad de los ataúdes y los restos que había en su interior, cuál ha sido el destino de las cenizas resultantes y la depuración de responsabilidades políticas que pudieran derivarse", una propuesta que sí contó con el apoyo de Izquierda Unida.
FISCALIA
Para Bustinduy, "reconocer que ha sido un error no es bastante", y agregó que, según los vecinos, "no se trata de una práctica puntual". Por ello, dijo que su grupo se reserva el derecho de acudir a la Fiscalía, de modo que "los malagueños sepan qué está pasando".
Asimismo, restó validez al informe encargado al gerente de Parcemasa, Rafael Toval, porque "sobre él hay dudas más que razonables en este asunto", y advirtió, de igual modo, de que "también hay responsabilidades políticas".
La edil del PSOE recalcó que "se ha atentado contra la salud pública, incomodando a los vecinos de la zona", lo que, a su juicio, "parece un comportamiento de una república bananera".
Del mismo modo se pronunció el viceportavoz de la coalición de izquierdas, José Luis Portillo, quien señaló que "no es creíble que el propio gerente traslade un informe en el que él es parte", exigiendo, asimismo, que "alguien asuma responsabilidades políticas".
Portillo, que criticó que haya una empresa subcontratada en el cementerio de San Miguel, recordó los antecedentes con los que cuenta Parcemasa --el fraude de las funerarias y los restos que aparecieron en unos sótanos-- y lamentó que el consejo de administración no se convocara nada más conocer los hechos.