PALENCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, manifestó que en el proceso de disolución del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) "debería prevalecer el sentido común", por lo que abogó por la creación de una gestora a tal efecto en la que "debiera estar representada una pluralidad de fuerzas políticas que prepararen un tránsito para las próximas elecciones, que están a la vuelta de la esquina".
En ese sentido, pareció mostrarse más favorable a esta postura que a la convocatoria de elecciones parciales anticipadas, por la que se decantan desde el Partido Popular, para no forzar la Ley electoral y no actuar de una forma "oportunista", declaró a Europa Press Televisión.
De este modo, abogó por la "prudencia" y la "cautela" en todos los pasos de este proceso y afirmó que, ante la posibilidad de disolver inmediatamente el Ayuntamiento de Marbella, tal y como sugirió el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, se decantó por "salvar las formas, no sea que por no hacerlo alguien pueda ampararse en esta circunstancia", y esperar al Consejo de Ministros que se celebrará el próximo viernes.
Así, remarcó la importancia de esperar a los informes del Senado, que ha incluido esta cuestión en su orden del día de su sesión plenaria de hoy, y de la Comisión Nacional de Administración Local, que se reunirá el jueves a las 12.30 horas en el Ministerio de Administraciones Públicas, para tratar este único asunto, debido a que la conculcación del principio de autonomía local en un municipio es un "precedente histórico" en España.
"El Gobierno ha tomado la decisión, convocando un Consejo de Ministros extraordinario, de ir a la disolución. Sin duda, en la última fase creo que ha habido una gran agilidad, una respuesta contundente y firme por parte del Gobierno que es lo que se esperaba" por parte de la sociedad, manifestó el presidente de la FEMP.
"La ciudadanía quería una actitud ejemplarizante porque estamos ante una trama urbanística bien pensada, es evidente que ilegal e inmoral, y había que dar una respuesta. Estamos ante un precedente valiente", resaltó Gallego.
El presidente de la FEMP recordó que una vez emitidos los informes del Senado y la Comisión Nacional de Administración Local, y de acordar el Consejo de Ministros del viernes la disolución del Ayuntamiento marbellí, el camino previsto por el Ejecutivo es poner todo ello en conocimiento de la Diputación Provincial de Málaga, que se encargaría de la creación de una gestora que adquiriera las funciones que hasta este momento poseía el consistorio, hasta las elecciones del próximo año.
Reseñó también que caben objeciones, recursos de carácter extraordinario frente a la reunión del Consejo de Ministros, "pero es muy seguro que no se haga nada y se facilite el terreno a esta ansiada disolución de la corporación de Marbella", para aliviar una situación en la que "los ciudadanos van a ser los paganos de una clase política encabezada por el Gil que ha demostrado que no ha estado a la altura de las circunstancias y que presuntamente ha tomado el Ayuntamiento como si fuera un botín".
MECANISMOS DE CONTROL
A su vez, aunque afirmó que de darse cuestiones de corrupción similares deberían agilizarse ciertos mecanismos existentes para preservar la legalidad, existen ya instrumentos suficientes para controlar la actuación de los municipios, así la nueva Fiscalía para delitos urbanísticos, diversos controles administrativos y de las comunidades autónomas, la propia actuación de la ciudadanía y la labor de oposición.
"El Estado de Derecho y la Democracia, su fortaleza, permiten que afloren estas situaciones aisladas y esto da una gran tranquilidad a los propios ciudadanos", añadió. En ese sentido, consideró que "no se puede aprovechar esta circunstancia desgraciada para mermar las competencias de los Ayuntamientos".
Además, sobre las declaraciones del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que abogaba porque el Estado recuperase "buena parte de las competencias de urbanismo", Heliodoro Gallego recordó que éstas están "de forma exclusiva" en manos de las comunidades autónomas, tal y como recordó el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 1997, con relación al texto refundido de la Ley del Suelo de 1992, "donde se dijo de forma categórica que el Estado había invadido competencias" que no le eran propias.
"Respeto lo que ha dicho Rajoy pero es probable que no haya tenido en mente que el Tribunal Constitucional se pronunció ya al respecto", afirmó el presidente de la FEMP.
LA HONESTIDAD DE LOS EDILES
A su vez, también salió en defensa de los alcaldes y concejales de los 9.000 Ayuntamientos de España que ahora están "bajo sospecha, sin derecho, porque, salvo algunos de ellos, son gente muy profesional".
"Un hecho de este tipo no debe ensombrecer para nada la honradez de muchos alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, que nos estamos dejando la piel por beneficio de lo que creemos. La transparencia es la norma por la que se guían la inmensa mayoría de los Ayuntamientos y hay controles para que esto --situaciones de corrupción como la de Marbella--no ocurra", añadió.
"Hay que estar a la espera de los acontecimientos y hay diferentes posiciones. Lo mejor en este supuesto, dado que estamos ante un tema de Estado, es que hubiera todo el diálogo del mundo y una decisión compartida por todos porque estamos ante un precedente histórico, la primera vez que un Gobierno tiene la firmeza, y razones hay para ellos, de ir a la disolución de un Ayuntamiento y conculcar el principio de autonomía local", concluyó Gallego.