MARBELLA (MALAGA), 13 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, así como a Esteban Guzmán y Modesto Perodia, miembros del consejo de administración de la empresa municipal Jardines 2000 S.L., al pago de más de tres millones de euros por un delito de alcance contable, al detectarse irregularidades económicas en la citada sociedad, según dio a conocer hoy la portavoz adjunta del PP en el Consistorio marbellí, María Francisca Caracuel, presente en la causa como acusación particular.
El fallo judicial, al que podrán interponer recurso de apelación en un plazo de 15 días los tres imputados, considera tanto al ex regidor marbellí como a los otros dos miembros del consejo de administración de Jardines 2000, responsables de lo que considera "caos económico de las cuentas" de la empresa, aseguró Caracuel, al tiempo que resaltó que en su sentencia se califica de "gravemente negligente" la labor realizada por los tres.
Así, expone que, incluso, ellos mismos reconocen que sólo se limitaron al "desempeño de un cargo formal", sin ejercer control alguno sobre la marcha de la sociedad, una responsabilidad que el Tribunal de Cuentas subraya como "funciones esenciales" de los imputados, a fin de evitar que se "produjera un daño para los fondos públicos".
El informe del Tribunal de Cuentas constata que en las cuentas auditadas de Jardines 2000 durante los ejercicios 1990-1999 se realizaron diversos abonos de cantidades para las que no existía aporte documental, ni acuerdo expreso del Ayuntamiento, ni de la sociedad que justificara dicha salida de fondos, "aun cuando los gastos cuyo abono se llevaron cabo en la mayor parte de los casos ni tan siquiera correspondían a la referida sociedad", e, incluso, las cantidades económicas "en muchos casos no guardaban relación con el objeto social de la empresa", recoge el auto judicial, al que tuvo acceso Europa Press.
Para el Tribunal de Cuentas, no cabe duda de que la actitud "pasiva" mantenida por Muñoz, Guzmán y Perodia ante el desempeño de sus cargos "dio lugar a la producción de un saldo deudor injustificado", puesto que el incumplimiento de su obligación de vigilancia "hizo posible que se llevaran a cabo gran cantidad de abonos por cuenta en muchos casos de otras sociedades sin que existiera una justificación adecuada para ello".