Málaga.- Tribunales.- El alcalde de Guaro considera que las imputaciones por delito urbanístico son "falsas"

MALAGA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guaro (Málaga), Sebastián Rueda, aseguró hoy que las imputaciones realizadas por un particular sobre la comisión de un delito urbanístico son "falsas" y apuntó que se trata de una "pataleta" de la persona que presentó la denuncia ante la Guardia Civil. Señaló que "delito es cuando se da una licencia en suelo no urbanizable" y precisó que en el municipio "no hay ninguna licencia por escrito dada en este tipo de suelo".

Rueda ha sido imputado, junto al jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín por un delito contra la ordenación del territorio, después de que una vecina del municipio presentase una denuncia en la que les acusaba de construir en suelo rústico sin licencia urbanística.

La causa afecta por ahora a 28 personas, algunas de las cuales ya han comenzado a prestar declaración como imputadas ante el juez, aunque, según el Ayuntamiento, se denunció "contra un centenar de vecinos". Según publica hoy el diario 'La Opinión de Málaga', cuatro de los seis que ya han comparecido señalaron que abonaron el enganche al suministro eléctrico y los recibos de agua a pesar de que sus viviendas eran ilegales.

Rueda explicó que la obligación de un ayuntamiento cuando existen viviendas en suelo no urbanizable y que no tienen licencia por escrito es "actuar y realizar un expediente de disciplina urbanística y eso es lo que el Consistorio ha hecho". A través de un comunicado, dijo que las personas que han sido llamadas a declarar son "vecinos y trabajadores del municipio" y que la mayoría "tiene las viviendas realizadas y documentadas desde hace décadas".

No obstante, precisó a Europa Press que "hay cinco o seis que tienen un expediente porque les ha pillado a caballo entre la antigua y la nueva ley". Asimismo, añadió que la totalidad está hecha en parcelas "heredadas de abuelos y padres" e insistió en que las imputaciones realizadas a miembros de su familia y la denuncia contra el jefe del Seprona son "falsas"; en este caso, argumentó que esta persona heredó una vivienda hace 12 años de su padre en una finca y que dispone de escritura y documentación, con lo que es "totalmente legal".

A través de un comunicado, desde el Consistorio especificaron que la denunciante es "propietaria de múltiples parcelas que ha ido adquiriendo en el paraje de la sierra" desde su despacho de Marbella "ciudad y cultura a la que ha estado ligada en los últimos años, especialmente de la era GIL", y que tiene una superficie aproximada de 10 hectáreas. Señaló que muchas de esas parcelas están "en litigios con sus herederos por presunta falsedad de documento".

Explicaron que en 2001, esta mujer, abogada de profesión, presentó la idea de realizar una urbanización blanda en la sierra, "lugar que el Consistorio rechazó por estar encima de los acuíferos". Ante esta negativa, "pidió a la Junta con la antigua ley, la construcción de una vivienda en el paraje de la sierra", por lo que se le autorizó 380 metros cuadrados, aunque según fuentes municipales, "inició la construcción de más de 1.000 metros cuadrados, con zona de recreo, piscina, deportes, jardines, muros de cerramiento", proyecto valorado en "más de 1.000 millones de las antiguas pesetas", es decir, seis millones de euros.

Asimismo, manifestaron en el comunicado del Ayuntamiento que la denunciante, en 2005, "cortó el camino, intentando manipular documentación de la Dirección General del Catastro" y que durante este tiempo "ha presionado a muchos vecinos para intentar comprar parcelas colindantes, amenazándoles con el corte del paso".

"El Ayuntamiento de Guaro, en aras al cumplimiento del ordenamiento jurídico y en este caso en materia de sus competencias urbanísticas, inicia un expediente y el correspondiente expediente de recuperación del camino de oficio", señalaron, al tiempo que precisaron que "nunca se le pudo dar licencia porque lo ejecutado no se ajustaba al proyecto y era 10 veces mayor a lo que se había solicitado a la Junta".

Tras esto, según destacaron desde el Consistorio, "inicia una serie de actuaciones judiciales personalmente contra el alcalde y otros responsables". En este punto, dijeron que se presentó una querella por falsificación de documento público y prevaricación contra el regidor y el secretario, que fue archivada por el juez; así como una denuncia por delito urbanístico contra Rueda, por la construcción de un edificio de equipamiento público, "que está pendiente de conclusión" y la demanda contra "un centenar de vecino", que es la publicada hoy.