Málaga.- Tribunales.- (Ampliación) La Audiencia anula las escuchas telefónicas del caso FARA

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga ha decidido anular las intervenciones telefónicas realizadas en el conocido como caso FARA, por la presunta apropiación o desvío de 1,2 millones de euros de subvenciones de organismos oficiales; estimando así una de las impugnaciones planteadas por las defensas de los 16 imputados en las cuestiones previas al juicio, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

Asimismo, el Tribunal estima, a través de un auto notificado hoy, la alegación presentada por la defensa de José Manuel E.P., acordando la prescripción del delito de falsedad en documento mercantil del que se le acusaba y, por tanto, decretando el sobreseimiento libre; aunque se le citará como testigo. Por otro lado, desestima la cuestión presentada por otra parte respecto a la documentación incautada en la sede de la Federación.

Las defensas solicitaron la nulidad al entender que ni las solicitudes policiales ni los autos del juzgado en los que se autorizaron las intervenciones cumplían los parámetros exigidos por ley. Alegaron falta de motivación y que las resoluciones contenían afirmaciones "absolutamente gratuitas", de carácter genérico y sin datos que corroboren las imputaciones; y apuntaron que el Tribunal Supremo anuló unas escuchas que surgieron de un informe policial común con esta causa.

Del auto, al que tuvo acceso Europa Press, se desprende que las intervenciones autorizadas hasta mayo de 2001 "carecían de la más mínima fundamentación" tanto por que "no se aportó en ningún caso dato objetivo alguno" que permitiera afirmar que así se descubriría el delito, como por la sentencia del Supremo sobre el informe policial.

Además, se añade que "la falta de motivación de que adolecen todos y cada uno de los autos de autorización dictados hasta esa fecha conlleva la ausencia de control por parte del instructor" y se apunta que las intervenciones autorizadas a partir de mayo de 2001, que incorporan una nueva línea de investigación, "no pueden correr mejor suerte pues derivan precisamente de una conversación oída en el transcurso de las anteriores intervenciones".

Por tanto, se estima la cuestión previa relativa a la infracción del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones, planteada por la defensa del principal acusado, Vicente R.A., conocido como 'El Querillo', a la que se adhirieron todas las demás y se declaran nulas todas las autorizaciones y por tanto la escuchas telefónicas "y de las pruebas que directa o indirectamente deriven de ella".

La Sala decidió el pasado lunes aplazar hasta la semana próxima el inicio del juicio para decidir sobre la nulidad o no de las escuchas telefónicas. Así, el lunes está previsto que se inicie la vista con la declaración de los acusados, para los que la Fiscalía solicita en su escrito de acusación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, un total de 88 años de prisión, sin contar la pena que se solicitaba a José Manuel E.P.

Se les acusa de los delitos de apropiación indebida de parte de subvenciones de organismos oficiales, falsedad en documento, amenazas, coacciones y blanqueo de capitales. En este juicio, está prevista la comparecencia de 61 testigos y de un perito.

La acusación pública solicita para el presidente del colectivo desde 1998, Vicente R.A., y jefe de una de las familias que integran el clan de los 'Charros', un total de 12 años y medio por los delitos de apropiación indebida, con concurso con un delito contra la Hacienda, y amenazas y coacciones, al entonces consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña.