Solicitan el archivo, al entender que se acusa a Muñoz y ex ediles de autorizar el proyecto de ejecución y no el básico, dado en 1995
MÁLAGA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las defensas del ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y de otros cinco ex ediles, acusados de dar el visto bueno a las empresas Jotsa y Promotorauno para las obras de un edificio de 108 viviendas, consideraron hoy que el juez de Penal número 7 de Málaga, Manuel Sánchez Aguilar, debería inhibirse en esta causa por "falta de imparcialidad" y solicitaron el archivo del caso, al entender que se les está acusando por autorizar el proyecto de ejecución y no el básico, que dado en 1995.
El fiscal pide provisionalmente 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación para Muñoz, Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo, integrantes de la comisión de gobierno de 27 de marzo de 1998 en la que se "decidió conceder licencia de obra por la que se las autorizaba para construir" en suelo calificado como zona deportiva de uso público, según el Plan General de Ordenación Urbana de 1968 y de 1986. La declaración del ex alcalde y de otros tres ediles más está prevista para mañana.
En las cuestiones previas de hoy, el abogado Pablo Luna, defensa del ex edil Rafael González, pidió la suspensión del juicio, tras recordar que el titular de este juzgado acaba de condenar a la mayoría de estos acusados en una sentencia en la que "copia y pega" argumentos de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, por lo que entendió que "la celebración hoy del juicio puede convertirse en una pantomima total".
Añadió, entre sus argumentos, a los que se adhirieron el resto de los letrados, que los acusados "tienen derecho a un juez imparcial"; mientras que el fiscal mostró su rechazó "radical" a esta cuestión, destacando que la sentencia notificada hace dos días es "totalmente objetiva", con referencias a aspectos jurisprudenciales, y que "no contiene prejuicio, sino todo lo contrario".
"Las defensas están procurando evitar que los tribunales que están condenando vuelvan a juzgar, pero eso no puede ser, nos quedaríamos sin jueces", aseguró el representante de la acusación pública. En este punto, el juez consideró "ciertamente interesante" la alegación planteada, aunque consideró que no concurre falta de imparcialidad.
ACUMULACIÓN.
Asimismo, el juez también manifestó que intentará no realizar consideraciones generales en sus resoluciones, contestando así a las defensas de Calle y Muñoz, Ernesto Osuna y Rocío Amigo, que pidieron la acumulación de causas por "la evidente conexidad" y porque en las sentencias "se está condenando a toda la era GIL, lo que provoca la indefensión".
Para el fiscal, "no tiene sentido y es material y jurídicamente imposible" esta acumulación y apuntó que "se están enjuiciando unos hechos concretos y no estamos haciendo juicios políticos, al menos no es lo que queremos ni pretendemos".
Respecto a la petición de archivo, el letrado Francisco Soriano la argumentó en que la licencia al proyecto básico, que contemplaba 465 viviendas, se otorgó en 1995, cuando "no estaban tipificados estos hechos como delito en el Código Penal". El juez apuntó que desde el punto de vista procesal no es factible dictar en este momento un auto de sobreseimiento, por lo que se analizará en sentencia.
Por último, las defensas pidieron también que se busque un auto del Juzgado de Instrucción número 3, por el que, según consideran, la causa, al menos en lo referente a los convenios, estaría ya sobreseída.
DECLARACIONES.
En la jornada de hoy, dos de los acusados, Manuel Calle y Rafael González, declararon y reiteraron la supuesta alteración de las actas de comisiones de gobierno, así como que no sabían que cometían irregularidad alguna. Además, incidieron ambos en que la Junta de Andalucía "jamás ha pedido información o revisión" de las licencias, por lo que entendían que tenían "la bendición" de esta administración que entendían "garante" de legalidad.
También declararon tres testigos, entre ellos el arquitecto municipal Enrique Arrabal, quien aseguró que el permiso al proyecto de ejecución "no refleja la calificación urbanística del suelo", sino que únicamente se tiene que comprobar que "se ajusta" al básico. Por su parte, el ex secretario Leopoldo Barrantes consideró que cuando se habla del proyecto de ejecución "no se concede licencia, sino que es una autorización para comenzar o no unas obras".
