MÁLAGA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal coordinador de Medio Ambiente ha realizado de nuevo escrito de acusación contra el ex alcalde de Ojén (Málaga) Francisco Manuel Vázquez y contra cuatro ediles más por la concesión en 1996 y 1998 de dos licencias de obra en el municipio a dos particulares, procedimiento por el que ya se celebró juicio, con sentencia condenatoria para todos, que fue anulado en 2003 por la Audiencia Provincial de Málaga por un defecto de forma.
Así, el representante del ministerio público acusa de dos delitos contra la ordenación del territorio al ex regidor socialista y a un ex edil, al entender, según informaron fuentes judiciales, que ambos participaron en dos comisiones de gobierno en las que se otorgaron sendas licencias; pidiendo para cada uno un año de prisión y 12 de inhabilitación. Por contra, a los otros tres concejales les acusa de un sólo delito, por lo que se piden seis meses de cárcel y seis años de inhabilitación.
Este escrito de conclusiones provisionales se realiza después de que la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga estimara los recursos de apelación interpuestos por los acusados y por la Fiscalía contra la sentencia condenatoria. La Sala decidió "declarar nulo todo lo actuado desde el dictado del auto de incoación del procedimiento abreviado" con el fin de que, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, se diera entrada en la causa a los titulares de las licencias de obras, así como al Ayuntamiento de Ojén.
El Juzgado de lo Penal número 8 condenó en octubre de 2002 al entonces regidor a dos años de prisión y a 16 de inhabilitación. Consideró probado que en la comisión del 25 de junio de 1996 se decidió conceder licencia de obra a una mujer extranjera para una vivienda unifamiliar en la zona conocida como Coto de los Dolores "pese a que en el proyecto de arquitecto presentado con la solicitud se advierte de que donde se pretendía edificar estaba calificado como suelo no urbanizable de protección ambiental". Así, sobrepasaba todos los valores aplicables.
Asimismo, la sentencia consideró probado también que el mismo órgano, pero formado por otras personas a excepción del alcalde y un concejal, otorgó en noviembre de 1998 permiso de obras a otro ciudadano extranjero en la misma zona para construir una casa tipo cortijo, que tampoco cumplía ni con la ocupación ni la altura máxima y cuyo expediente no había pasado por la Comisión Provincial de Urbanismo, como en el caso anterior.
