MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga tiene previsto juzgar hoy y el viernes al ex regidor de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz, al que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román y a otros cinco ex ediles marbellíes, para los que la Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación y pena de multa por un delito continuado contra la ordenación del territorio.
Los acusados son, a parte de Muñoz y Román, los ex concejales Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Marisa Alcalá y Dolores Zurdo, para la que el fiscal pide, según la calificación inicial a la que tuvo acceso Europa Press, una menor multa e inhabilitación. Así, también fueron acusados el ex alcalde Jesús Gil, fallecido; y el que fuera edil Juan Antonio Yagüe, en paradero desconocido.
Los hechos sucedieron, según la acusación pública, cuando en 1997 la comisión de gobierno del Ayuntamiento, sin Dolores Zurdo, acordó otorgar licencia de obra a dos particulares para viviendas unifamiliares. En ambos casos, los suelos estaban enclavados en terrenos rústicos conforme al PGOU de 1968 y no urbanizables conforme al plan de 1986.
Según la certificación expedida en 2001 por el arquitecto jefe, una de las viviendas estaba ubicada en suelo rústico de protección de vías de comunicación, mientras que la otra estaba situada también sobre suelo rústico, en este caso de protección de cultivos especiales, precisa el ministerio fiscal en sus conclusiones provisionales.
Asimismo, el fiscal añade que en otra comisión celebrada en marzo de 1998 se concedió otra licencia de obras para una vivienda también unifamiliar que, según informó dicho arquitecto en el mismo informe de 2001, "ha sido construida sobre suelo rústico de protección de cultivos especiales".
En estos casos, las licencias fueron dadas "obviando la normativa jurídica existente sobre dichos suelos, en ejecución y de acuerdo con convenios particulares celebrados entre el Ayuntamiento y los interesados", antes de que dichos acuerdos hubieran sido incorporados al plan general.
Para el fiscal, los hechos constituyen un delito continuado contra la ordenación del territorio, del que acusa a todos los procesados, con excepción de Dolores Zurdo, a la que achaca un delito igual, pero sin el carácter continuado y para la que pide multa de 6.300 euros y siete años de inhabilitación. Para el resto, solicita 9.000 euros de multa y nueve años de inhabilitación.
