Málaga.- Tribunales.- Piden 4 años de prisión para el oficial de la Policía Local que elaboró el informe sobre Agüera

MALAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La representación legal de la concejala de PP en el Ayuntamiento de Málaga Rosa Agüera ha solicitado la apertura de juicio oral contra el oficial de la Policía Local Rafael R.C. por el denominado 'caso Agüera', al acusarle de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Así, pide cuatro años de cárcel, tres de inhabilitación especial y 15 meses de multa para éste, autor del informe sobre la vida personal de la edil "sin base competencial o funcional para ello".

Por su parte, la Fiscalía ha realizado un escrito de conclusiones provisionales, en el que acusa al intendente de la Policía Local Juan F. de un delito de revelación de secretos, al considerar que fue el encargado de remitir copias del escrito realizado por el oficial a los medios de comunicación, que lo divulgaron el 4 de mayo del pasado año. Por esto, solicita tres años de prisión, suspensión de empleo o cargo público por el mismo periodo y multa de 15 meses.

Según las conclusiones provisionales de los abogados de Agüera, como acusación particular, a las que tuvo acceso Europa Press, para la elaboración del informe, Rafael R., aprovechando que el intendente Juan F. estaba de baja, realizó el informe, utilizando "diversos datos de carácter personal" sobre la edil, además de apreciaciones y juicios de valor "que exceden de cualquier cometido de vigilancia" o protección personal, y que "no solamente son falsos sino en general tendenciosos".

Por tanto, entienden que queda descartada la finalidad de la mejora de las medidas de seguridad y que tanto su elaboración como la posterior difusión "tenían por objetivo presionar políticamente a un cargo electo a fin de obtener su dimisión", para lo que, según precisa el escrito de acusación, se utilizó "el atentado a su honor, su imagen y su prestigio personal y político". De hecho, la concejala fue cesada poco después de conocerse el informe por el alcalde, Francisco de la Torre, como responsable del Distrito Centro.

Asimismo, se expone que la elaboración del documento "ha permitido el acceso público a aspectos que afectan a la intimidad y seguridad no sólo de la concejala" sino también de sus familiares. Los letrados de la edil indican, además, que a lo largo de la instrucción no ha podido determinarse "quién ordenó la realización de dicho informe, ni tampoco su necesidad, motivo o razón", de forma que a la acusación se le ha impedido "reiteradamente" investigar o proponer pruebas.

En este sentido, existe pendiente de resolución un recurso sobre el auto de apertura de procedimiento abreviado, según informaron a Europa Press distintas fuentes judiciales, tras desestimarse tanto por el Juzgado de Instrucción número 7 como por la Audiencia la práctica de nuevas pruebas dentro de este procedimiento, iniciado tras la denuncia interpuesta por la propia edil, para la que solicitan una indemnización de 12.000 euros, con responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento.

Por contra, el fiscal pide la apertura de juicio oral contra el intendente Juan F., al entender que "remitió copias a los medios de comunicación" de dicho informe. En su calificación se explica que el 17 de marzo del pasado año, Rafael R., entonces responsable del Gemac por la baja del anterior, elaboró por duplicado un informe con datos de la vida privada cotidiana de la edil, "en relación con la posible sustitución, que se consideraba conveniente y oportuna, del policía que prestaba servicio de escolta".

El oficial se quedó con una copia y la otra se la entregó al superintendente de la Policía Local, Pascual Sánchez-Bayton. Cuando la persona a la que acusa el fiscal se incorporó al servicio, el oficial le entregó una fotocopia del documento, de donde Juan F. remitió las copias a los medios, según la acusación pública, que pide una indemnización de 6.000 euros para la concejala.