MALAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, ante la segunda fase de la operación 'Malaya' que ha alcanzado los 30 detenidos entre ex concejales del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y constructores, demandó hoy que los poderes públicos "actúen con todo rigor para erradicar las prácticas de extorsión a las que, con demasiada frecuencia, se ha visto sometida la actividad empresarial".
Además, aseveraron en un comunicado que estas prácticas se dan "no sólo en Andalucía", recordando "lo denunciado en su día por el entonces ministro Borrell, o el 3% denunciado por el presidente de la Generalitat", Pasqual Maragall.
Desde la Federación confiaron en la actuación de la Justicia para "esclarecer las presuntas irregularidades que se hayan podido cometer", al tiempo que reivindicaron "el derecho a la presunción de inocencia de los empresarios detenidos", reclamando "la necesaria seguridad jurídica para el desarrollo de cualquier actividad empresarial".
Por otra parte, hicieron hincapié en que el Plan de Ordenación Territorial (POT) y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella "sean aprobados a la mayor brevedad" ya que, "sin estas normas legales imprescindibles, la seguridad jurídica de Marbella y de otros municipios de la Costa seguirá siendo insuficiente".
Sentenciaron por último que Marbella "exige un esfuerzo solidario y leal de todas las organizaciones y poderes, para conseguir restablecer su imagen y recuperar el prestigioso lugar que le corresponde", argumentando que "ignorar el daño causado a la ciudad por lo acontecido es una irresponsabilidad que puede provocar perjuicios importantísimos a nuestra economía regional".