MÁLAGA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La defensa del alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, ha alegado en su escrito de defensa del caso 'Troya', sobre la presunta trama de corrupción en dicho Ayuntamiento, la "indefensión" de su cliente debido a la falta de concreción de la acusación realizada por la Fiscalía en esta causa, en la que se le acusa de cinco delitos de cohecho pasivo y de uno de prevaricación omisiva.
Así, los letrados de Martín Serón afirman "la completa inocencia" de éste "al ser absolutamente incierta la realidad de su participación criminal en la trama de corrupción que de forma general se dibuja, no sólo por ser los hechos inciertos, sino porque mi mandante no conoce ni sabe a qué conductas de corrupción por cohecho y prevaricación se está refiriendo el ministerio fiscal".
Según este escrito de defensa, al que tuvo acceso Europa Press, la legislación marca que los escritos de acusación tienen que ser "concretos y precisos" y en este caso se argumenta que existe "indeterminación del hecho y la participación" del alcalde, para el que la Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación para cargo público.
En este sentido, se indica que el fiscal habla de 11 hechos delictivos relacionados con expedientes administrativos y al alcalde se le acusa de cinco delitos de cohecho pasivo "pero no se establecen los hechos" con los que se relacionan dichos delitos. Se añade que no se determina tampoco cuáles son los fondos ilegalmente percibidos y con relación a qué hecho concreto se refieren.
La defensa señala que en el escrito del fiscal "fácilmente se puede observar la indeterminación en cuanto a los hechos objeto de acusación pues no hay posibilidad alguna de saber a cuál de ellos se refieren los delitos que se pretenden imputar a mi mandante" y añade que "nunca, en toda la instrucción" se ha formulado un hecho concreto.
El ministerio público concluía que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, al menos desde 2002, "ha venido funcionando una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales y que consistía en ofrecer a los empresarios y promotores la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista en la norma de planeamiento municipal a cambio de la oportuna retribución económica".
Así, indicaba que "al frente de dicha trama" estaba el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, al que acusa de 11 delitos de cohecho pasivo, con carácter continuado, por lo que solicita las penas de cinco años de prisión y 11 de inhabilitación para cargo publico; y de 14 delitos urbanísticos, también adquiriendo el carácter continuado, por lo que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación. Además, pide una multa de 1,6 millones de euros.
La acusación pública considera que, presuntamente, los hechos "eran conocidos" por el alcalde del municipio, quien habría permitido la conducta supuestamente delictiva de su concejal de Urbanismo. Así, para el regidor, además de la pena de prisión y de inhabilitación, solicita una multa de 500.000 euros y el decomiso de las cantidades de dinero en efectivo intervenidas y de los bienes inmuebles adquiridos con los fondos "ilegales".
El edil de Urbanismo, según la acusación, "se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios, recaudando los fondos procedentes de tales pagos y llevando personalmente su contabilidad". Tras la investigación, la Fiscalía concluye que "la suma de las cantidades solicitadas y/o percibidas" por Guerra ascendió a 782.445 euros.
Para el fiscal, estos hechos "eran conocidos" por el alcalde, que "va a permitir la conducta delictiva en su concejal de Urbanismo, si bien obteniendo a cambio de su silencio la oportuna participación en el dinero así conseguido". De esta forma, señala que tuvo "numerosos ingresos" en efectivos en sus cuentas, que suman 238.785 euros y que "proceden de los pagos efectuados al mismo por el acusado Guerra, obtenidos en el desarrollo de la ilícita actividad desplegada desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento".
